VALENCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) - UGT-PV alertó hoy de que "entre 25.000 y 30.000 trabajadores inmigrantes podrían regresar a la economía sumergida" por no disponer de un contrato de trabajo o no tener asegurada la continuidad en su relación laboral actual, "si no se toman medidas que incentiven el empleo estable y continuado", de los trabajadores de este colectivo que se acogieron al último proceso de normalización, precisó, y del que se cumple ahora un año.
Así, la organización sindical explicó en un comunicado que los trabajadores inmigrantes que están acogidos al proceso de normalización, y pretenden renovar su autorización de trabajo y residencia, deben cumplir un "mínimo exigido de cotización a la seguridad social" de, al menos, seis meses y que, para poder renovar dicha autorización, "tienen que disponer de un contrato de trabajo o de continuidad en su relación laboral actual".
Al respecto, el sindicato valoró el proceso de normalización, acordado por primera vez en el marco del Diálogo Social entre Gobierno y agentes sociales, y lo calificó de "extraordinariamente positivo", porque "ha permitido aflorar un porcentaje elevado de empleo sumergido que estaba dañando a la economía valenciana", y que cifró en un total de 86.306 extranjeros.
Asimismo, afirmó que este proceso "ha logrado el acceso y regularización de empleos y de trabajadores, vinculándolo a la existencia de un compromiso de contratación real, por parte de los empresarios que querían cumplir con la legalidad".
En este sentido, para UGT-PV, "es necesario actuar preferentemente sobre los sectores donde están empleados más trabajadores inmigrantes", como son servicio doméstico y construcción. Así, reclamó la necesidad de actuar sobre "los inmigrantes que tienen permiso para trabajar en el servicio doméstico y están empleados en otras actividades", porque, explicó, es una situación que "perjudica al conjunto de trabajadores y a la economía, ya que aún siendo legales no están dados de alta en su actividad real".
También se debería actuar, apuntó, en el sector de la construcción, donde "continúa existiendo una bolsa importante de trabajadores en situación administrativa irregular", lo que supone "un peligro para su seguridad y salud en el trabajo", como demuestra "el gran número de accidentes laborales protagonizado por este colectivo", aseveró.
Por ello, UGT-PV hizo un "llamamiento al empresariado" para que siga "manteniendo la cordura" y para que "no cubran puestos de trabajo con personas en situación administrativa irregular".
Asimismo exigió a la Administración central que "ponga medios y recursos suficientes para atender la gran demanda que ha supuesto el proceso de normalización". Respecto a la Administración autonómica, le reclamó que "incentive políticas de integración real de los inmigrantes en la Comunidad Valenciana".
