VALENCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyameral y los grupos EU y PSPV en el Ayuntamiento de Valencia pidieron hoy al equipo de gobierno municipal que tenga con este barrio "el mismo trato que con el estadio del Mestalla", tras la sentencia del Supremo en relación con el campo del Valencia C.F. y no lleve a cabo los derribos fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) que avaló el pasado 12 de abril la sala de lo contencioso-administrativo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Estas partes, que pidieron diálogo a la alcaldesa, consideran que el consistorio pretende llevar a cabo una "degradación controlada" en el barrio con el objetivo de que finalmente los vecinos acaben pidiendo al equipo de gobierno que "hagan algo, lo que sea".
Así lo indicaron en rueda de prensa el portavoz de la plataforma, Faustino Villora; el abogado José Luis Ramos; y los concejales de EU y PSPV, María Victoria González y Rafael Rubio respectivamente, en relación con la decisión del TSJCV de dar la razón al Ayuntamiento y la sociedad pública AUMSA contra el auto judicial que suspendía las licencias administrativas de derribo de varios edificios en El Cabanyal fuera de la zona BIC.
En este sentido, Villora señaló que los vecinos de la zona "exigen" al gobierno municipal "el mismo trato que al Valencia C.F. y sus accionistas" ya que, dijeron, en ese caso el Tribunal Supremo declaró ilegal la ampliación del Mestalla y el Ayuntamiento ya ha dicho que no derribará las obras. "Somos ciudadanos de un barrio con los mismos derechos, sobre todo cuando está pendiente de resolución aún sobre la legalidad o ilegalidad de las licencias de derribo" en la zona declarada BIC.
Por su parte, el abogado de la plataforma se alegró de que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV haya resuelto en un "breve plazo" los recursos del Ayuntamiento y AUMSA cuando la media temporal en temas urbanísticos se sitúa en torno a 8 ó 12 meses. Asimismo, criticó que el recurso llegó a la sala el 3 de marzo y el presidente, Edilberto Narbón, se designó él mismo ponente y nombró a los componentes del tribunal aunque hasta el mismo 10 de abril, día de la deliberación, y tras un recurso de súplica presentado por la Plataforma, no pudieron conocer a los magistrados para poder recusarlos o no.
Por ello, felicitó la "celeridad" pero criticó la "falta de transparencia" y pidió a la sala que explique si este mismo criterio lo va a aplicar en todos los asuntos o "sólo cuando sean sobre el Cabanyal y al Ayuntamiento le interese". En este sentido, afirmó que esta situación sólo la ha visto en dos ocasiones, ésta y cuando se dictó la propia sentencia en relación con el plan del Cabanyal.
Ramos aseguró también que la sala se debía pronunciar aquí sobre si la ejecución de los derribos haría perder o no la finalidad del recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJCV de avalar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez por el barrio de El Cabanyal y acerca de si en el caso de no realizarse, los intereses generales de la ciudad quedarían lesionados de forma grave.
"SOLARES SIN EDIFICAR"
Sin embargo, subrayó que "llama la atención" que la sentencia --que contó con el voto particular de tres magistrados de la sala que se manifestaron en contra de permitir los derribos-- "no dedica una sola palabra" a ambos puntos. En su opinión, se "olvida" de esto porque "sabe que no nos puede coger porque no hay que tener un coeficiente intelectual alto para saber que los derribos en el Cabanyal dejan solares sin edificar" con el fin de que se conviertan en un "elemento degradante" y al final los vecinos reclamen una actuación. Para Ramos, esto supone un "abuso de derecho".
Por su parte, la concejala de EU, que también recordó el caso de la clínica El Consuelo, insistió en este punto y pidió al concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, que no derriben porque "el interés general prima sobre los caprichos" y porque en el supuesto de que el Tribunal Supremo dé la razón a los vecinos y anule el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, quedaría vigente el Plan General de Ordenación Urbana de 1998 donde estas casas están protegidas. Entonces, se preguntó cuál sería el "resarcimiento para Valencia".
Desde el PSPV, Rubio también se congratuló por la "celeridad" de la Justicia en este caso y concluyó que se "impone" un diálogo entre la alcaldesa y los partidos para buscar una "solución razonable y consensuada" frente al objetivo de la "degradación controlada" de un barrio en el que, dijo, "40 de las 60 unidades de ejecución del PEPRI que suponen nuevos servicios y viviendas podrían estar ejecutándose". No obstante, aseguró que Barberá sólo quiere mostrar que es capaz de "doblegar" y "hacer morder el polvo" a la Plataforma.
