SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación 'Béticos por el Villamarín' (BPV), opuesta a la gestión del máximo accionista y ex presidente del club, Manuel Ruiz de Lopera, anunció hoy que acudirá a la Justicia ordinaria, tras constatar la existencia de una posible "auto contratación" entre empresas ligadas al propio Lopera y el Betis.
De hecho, BPV anunció, mediante un comunicado, que "a tal fin, ha entregado la documentación pertinente a un despacho de reconocido prestigio a nivel nacional" que llevará el caso.
Esta iniciativa parte tras analizar las "cuentas sociales" conocidas por los accionistas del Betis en las sesiones de juntas generales celebradas en los ejercicios pasados, así como los resultados económicos que en aquellas se reflejaban.
Así se tomó la decisión de actuar al considerar que "era razonable deducir" la existencia de una "vinculación manifiesta entre el Real Betis Balompié, S.A.D" y diversas sociedades mercantiles vinculadas a Lopera, con las que el club había suscrito diversos contratos, mediante los cuales el Betis se podría estar despatrimonializando.
Por este motivo, BPV presentó en junio pasado ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) una solicitud para la realización de una auditoría complementaria e independiente, a las cuentas anuales del Betis.
El CSD emitió, a su vez, una resolución de fecha 24 de julio de 2.007, en la que explica que las cuentas auditadas presentadas por el Betis ante dicho organismo, correspondientes al ejercicio 2.005/2.006, "reflejan los contratos suscritos entre las empresas vinculadas a Manuel Ruiz de Lopera y el Real Betis".
Igualmente, se destaca la existencia de un contrato suscrito entre el club y la mercantil TEGASA, que fue resuelto como consecuencia de su "calificación por el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla".
De igual manera, se refleja una deuda del Betis a la sociedad ENCADESA, por las obras efectuadas en el estadio Manuel Ruiz de Lopera, junto con un nuevo contrato de prestación de servicios suscrito entre el Betis y ENCADESA, como sustituta de TEGASA.
Otra operación descubierta en este sentido sería el contrato suscrito entre el Betis y ENCADESA, sobre determinados derechos urbanísticos inherentes a los terrenos propios de la entidad verdiblanca. A ello se añade la pertenencia de jugadores de la plantilla del Betis a TEGASA, empresa que, se dice, "graciosamente concede un derecho de adquisición preferente de estos jugadores al Real Betis".
Desde el CSD se agrega que, como quiera que todos esos contratos están reflejados en el informe de las cuentas anuales, no cabe una auditoría complementaria, tal y como pretendía hacer BPV, tendente precisamente a acreditar la existencia de los mismos.
Por lo tanto, el CSD aclara que no tiene competencia para resolver, y ni siquiera para opinar, sobre la licitud o ilicitud de tales contratos, ya que los competentes para ello los Tribunales de Justicia.
En resumen, ante la existencia de estos contratos, y de que los mismos puedan constituir la figura de auto contratación, la cual no está admitida en Derecho, y de que de tales contratos se deriven en situaciones gravosas para los intereses del Betis y sus accionistas, BPV insiste en su "decidida voluntad de acudir a la Jurisdicción Ordinaria",
