BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Athletic Club, Fernando García Macua, y el directivo de la entidad rojiblanca Emilio Prieto deberán comparecer el próximo 30 de abril ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao en calidad de imputados en el marco de la causa abierta por presuntos delitos societario que se sigue contra el empresario Jabyer Fernández por su gestión en Iurbenor.
Según publica hoy 'El Correo', el juez José María Eguia Baltellas dictó el pasado 17 de marzo una providencia en la que acepta la petición realizada por la Fiscalía para imputar a Macua y Prieto, dos de los ex consejeros de Iurbentia --sociedad que participa en Iurbenor--, que a finales de abril del pasado año denunciaron a Jabyer Fernández, iniciando la citada causa judicial.
El Ministerio público entiende que, de las "diligencias practicadas" en la causa, se deducen "indicios suficientes" sobre la "implicación de estas personas en la gestión" de Iurbenor, la promotora que suspendió pagos con una deuda superior a los 43 millones de euros con la Hacienda foral al no hacer frente al IVA devengado de la operación de venta de los terrenos de la futura urbanización 'Puerta Bilbao', en Barakaldo.
La Fiscalía sostiene su decisión en base a las diligencias "testificales" practicadas durante la instrucción del caso y al informe emitido por la administración concursal de Iurbenor, que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao. Junto al papel en la gestión de la sociedad, el responsable del Ministerio público también fundamenta su petición al juez en base a los indicios existentes sobre la "prestación de servicios de asesoramiento fiscal" que estas dos personas realizaron a Iurbenor.
El origen del caso se encuentra en la denuncia que Fernando García Macua y otros seis ex consejeros de Iurbentia presentaron contra Jabyer Fernández a finales de abril al entender que el empresario había cometido graves irregularidades por desviar hacia otras sociedades del grupo Afer gran parte de los fondos de la compañía, entre los que destacan los 43 millones de euros que debían haber sido ingresados en las arcas forales por la venta de los terrenos en los que se iba a desarrollar la operación urbanística.
