Rubio afirma que la ejecución del fallo costaría al Ayuntamiento 30 millones y cree conveniente replantear el convenio del nuevo estadio
VALENCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, consideró hoy que la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica el fallo del TSJCV, de octubre de 2002, que declaraba ilegales las obras de ampliación de Mestalla y anulaba las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que las autorizaron, supone un "varapalo" para la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá.
Apuntó que si la Federación de Asociaciones de Vecinos o los vecinos de la zona de Mestalla solicitaran la ejecución de este fallo, que supondría demoler las obras de ampliación del estadio, ésta costaría al consistorio 30 millones de euros. Asimismo, consideró conveniente replantear el convenio firmado entre la administración local y el Valencia C.F para construir un nuevo campo en la Avenida Cortes Valencianas y recalificar los terrenos en los que se encuentra el actual.
Rubio, que ofreció hoy una rueda de prensa para hablar de esta decisión judicial, lamentó que a raíz de ésta "nadie piense en dimitir" cuando "alguien debería asumir esa responsabilidad". Recordó que la modificación del PGOU que dio paso a la licencia municipal para ampliar el campo de fútbol la aprobó el consistorio en julio de 1998 "únicamente con los votos del PP".
Destacó que esto fue así a pesar de que la Federación de Asociaciones de Vecinos pidió que no saliera adelante y de que el abogado de los vecinos del entorno del estadio lo consideró "un despropósito" que no respondía "al interés general" y advirtiera de que su aprobación suponía una "prevaricación", dijo.
El portavoz socialista criticó que el entonces concejal de Urbanismo, Miquel Domínguez, justificara la modificación diciendo que era "la solución menos mala de todas" para llevar adelante la ampliación del recinto deportivo y "la que mejor respondía a los intereses de la ciudad", así como que el club de fútbol era "la entidad que más socios tenía en Valencia". Censuró que el gobierno municipal aprobara el proyecto "sabiendo que era una mala solución y que perjudicaba a los vecinos de la zona".
Asimismo, subrayó que si se demandara la ejecución de sentencia y se tuviera que demoler la ampliación, se estaría ante "un problema importante" y que esto costaría al Ayuntamiento 30 millones de euros, cantidad en la que cifró el Valencia C.F. el coste de estas obras, sostuvo. Señaló que en caso de tener de derribarlas "se debería indemnizar al club" con dicho importe porque "la licencia municipal en la que se amparaban es nula con esta sentencia", explicó.
"TODOS LOS VALENCIANOS"
Rafael Rubio lamentó que si así fuese este dinero lo pagarán "todos los valencianos" a través de las arcas municipales y sostuvo que se debería pedir "responsabilidad patrimonial a quienes votaron a favor" de la modificación el PGOU y de la ampliación del estadio. Apuntó que probablemente los vecinos no pidan la ejecución del fallo, aunque se les dé la razón, por "responsabilidad" o por "cierto temor" a "presiones" de tipo psicológico "porque nadie quiere ser el malo en esto", añadió.
Por otro lado, estimó "absurdo" y un ejercicio de "cinismo" que el portavoz del equipo de gobierno municipal y concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, afirmara la pasada semana, tras conocerse el fallo del Supremo que se cumpliría con la construcción de un nuevo Mestalla y con el pago de las costas procesales, cifradas en un máximo de 2.000 euros para el consistorio y de otros 2.000 para la Generalitat.
El portavoz socialista, que indicó que esta cantidad "tampoco la pagará el PP de su bolsillo sino todos los valencianos del presupuesto municipal", manifestó que ésa no puede ser la "responsabilidad del equipo de gobierno cuando los tribunales dan un varapalo" y que "en un Estado de Derecho se arregle algo así cuando alguien hace una pifia como ésta", ante la que "deberían existir responsabilidades", aseveró. En este sentido, censuró que en el equipo de Barberá "nadie piense en dimitir o en plantear su posible dimisión".
Rubio aseguró que la modificación del PGOU para la ampliación de Mestalla se hizo "no en función de los intereses generales sino de los intereses que quería entonces el Valencia C.F.". Comentó que el entonces presidente del club, Francisco Roig, "amenazó con sacar a los ciudadanos a la calle si Barberá no aceptaba el PGOU propuesto" y se preguntó "si en función de quien presione la alcaldesa --"que desde el inicio se empeñó en hacerlo", dijo-- actúa de una u otra manera".
Calificó de "dislate" la ampliación del campo de fútbol y rechazó que las alegaciones que presentaron los vecinos "no fueran contestadas por técnicos" sino por el entonces consejero delegado del Valencia C.F., Manuel Llorente, dijo.
"REPLANTEAR EL CONVENIO".
El edil socialista se refirió, asimismo, al convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Valencia C.F. para construir un nuevo estadio en Cortes Valencianas y recalificar el solar que ocupa el actual. Destacó la oposición del PSPV a dicho acuerdo "por no ser positivo para los intereses municipales" y recordó que presentó un recurso administrativo al mismo.
Agregó que los socialistas, que "estamos dispuestos a apoyar a la entidad deportiva pero no a coste del patrimonio municipal, no descartan presentar un recurso contencioso-administrativo y advirtió de que "aún se está a tiempo de modificar parte del convenio". Por ello, pidió "reflexión" y consideró que éste es "un buen momento para replantear el convenio" del nuevo estadio para evitar situaciones como la actual ya que al club "lo que más le interesaría sería un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas".
Rubio señaló también que su grupo pedirá un informe para conocer "la situación en la que quedan todas las permutas --de suelo municipal y de suelo propiedad del club deportivo-- que se hicieron cuando se modifico el PGOU" porque "a raíz de la sentencia del supremo están anuladas".
