La Agencia Negociadora del Alquiler avisa de que el decreto creará "inseguridad jurídica y precios altos"

Alquiler de vivienda
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Publicado: viernes, 1 marzo 2019 15:14

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Negociadora del Alquiler ve "claramente electoralista" el real decreto de medidas urgentes y advierte de que creará "inseguridad jurídica, confusión y precios altos" en el sector, ya que se acumulan siete regímenes jurídicos para regular los arrendamientos de viviendas en España.

"Es un decreto claramente electoralista que va contra el mercado de alquiler y que esconde en el fondo la ausencia de una política social de vivienda que pueda garantizar el acceso a la misma", afirma el consejero delegado de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo.

En este sentido, advierte de que las medidas van a crear mayor inseguridad jurídica y confusión, al establecer otro nuevo régimen jurídico diferente para todos los arrendamientos que se firmen desde su entrada en vigor.

"Nuevamente nos volvemos a enfrentar con la posibilidad de que el decreto no se convalidara, en este caso por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y tendríamos que volver al régimen jurídico anterior", avisa. A su juicio, el nuevo contexto hará que "pocos propietarios puedan estar motivados a poner sus viviendas en alquiler".

Además, considera que las medidas "en ningún caso atacarán de lleno los altos precios de los alquileres, y muy al contrario crearán un clima de restricción de la oferta de viviendas en alquiler", puesto que, añade, los precios de los alquileres podrán bajar cuando se aumente considerable la oferta de viviendas destinadas al alquiler, tanto pública como privada, y no mediante un índice de precios que " no tiene en cuenta el estado de la vivienda".

En esta línea, Zurdo critica que no se incluyan medidas para dotar de una mayor seguridad jurídica en el alquiler para aumentar la oferta, y recuerda que el mercado del alquiler en España está mayoritariamente en manos de arrendadores particulares y se estima en más de un millón de viviendas vacías que sus propietarios "no se atreven a poner en alquiler por la inseguridad jurídica existente".