MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha comunicado al Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) los planes para la toma de control de Realia, según datos del organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda que recoge Europa Press.
FCC y Caja Madrid tienen previsto sacar a bolsa Realia en los próximos meses. La participación que no salga al mercado se integrará en un holding en el que el grupo constructor y de servicios tendrá una participación de control, con un 50,01%.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, avanzó en enero pasado, durante la presentación de los resultados de la entidad, que la caja y FCC tenían previsto sacar a bolsa el 49% de Realia el próximo mes de mayo.
La compañía dedicada a la gestión de patrimonio inmobiliario ha sido valorada en unos 3.000 millones de euros y tras su salida a bolsa la participación del 51% del capital que mantendrán Caja Madrid y FCC se integrará en un 'holding' del que la constructora controlará el 50,01%, explicó entonces Blesa.
El presidente de Caja Madrid detalló además que este 'holding' se regirá por un pacto de accionistas con una vigencia de cinco años, que será renovable, por el que todas las decisiones relevantes para la compañía se tomarán con el consentimiento de Caja Madrid.
Realia, creada en 2000 de la integración de los negocios inmobiliarios de sus dos socios, cerró 2005 con un beneficio neto atribuible de 157 millones, un 22% superior respecto al del ejercicio precedente, y una facturación de 702 millones (+15%). Cuenta con negocios tanto de promoción como de patrimonio y concluyó 2005 con activos valorados en unos 2.000 millones.
El SDC dispone de un plazo de un mes para pronunciarse sobre la toma de control de Realia por parte de FCC. Si decide no remitir el expediente de la misma al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), la operación quedará autorizada de forma tácita.
Si, por el contrario, el SDC remite el expediente de la operación al Tribunal que preside Luis Berenguer, esta instancia deberá emitir un informe sobre la misma en el plazo de dos meses, y remitirlo posteriormente al Gobierno para su posterior aprobación.
