Pone como ejemplo el escándalo urbanístico de Estepona (Málaga) para demostrar la "tolerancia cero" del PSOE frente a la corrupción
MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó hoy que las dificultades por las que pasa el sector de la construcción son parte de una "normalización" y "ajuste imprescindible para evitar los excesos de los últimos años".
En declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, la ministra señaló que este ajuste era "deseable, necesario y previsible", después de años en los que se han construido más de 700.000 viviendas para una demanda de creación de hogares de entre las 400.000 y las 450.000 viviendas.
Asimismo, tras reconocer que este ajuste se ha visto agravado por la crisis de liquidez en los mercados internacionales y se ha trasladado a las empresas de la construcción y los hogares, la titular de Vivienda rehusó en todo momento hablar de crisis económica.
Así, preguntada por una posible orden del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que los miembros del Ejecutivo no utilicen este término, Corredor se mostró contundente: "Zapatero no nos dice lo que debemos o no debemos pronunciar ni decir. A no me ha prohibido nadie que diga las palabras crisis ni burbuja".
Asimismo, negó que miembros del Gobierno, como su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, hayan 'desaparecido' de las escena pública en la actual coyuntura. Al respecto, reconoció que "hay preocupación" en el Gobierno, ya que la situación "es menos favorable que en los últimos años", pero aseguró que el Gobierno "no está 'missing'".
TOLERANCIA CERO FRENTE A LA CORRUPCIÓN.
En referencia al escándalo urbanístico destapado en la localidad malagueña de Estepona, Corredor constató que los socialistas han expulsado "inmediatamente" a los cargos del partido presuntamente implicados en la trama, y ha demostrado "tolerancia cero" hacia la corrupción urbanística.
Además, recordó que, con este compromiso, el Gobierno socialista incluyó en la Ley de Suelo, en vigor desde hace un año, medidas contra este tipo de prácticas.
Entre ellas desgranó la obligación de los ediles de publicar su declaración de bienes, la prohibición de que puedan desarrollar actividades en el sector privado durante los dos años siguientes al abandono de su cargo en materias sobre las que hayan legislado o la publicación de los convenios urbanísticos.
"Cuando todas estas medidas estén en vigor de forma permanente serán un claro instrumento para luchar contra la corrupción urbanística", apostilló la titular de Vivienda.
Por otro lado, preguntada sobre la posible relación entre los escándalos urbanísticos y el peso de la construcción en las hacienda municipales, Corredor no quiso tender cables y afirmó que "en algún momento se ha podido sobrevalorar la incidencia del urbanismo en la financiación municipal".
Asimismo, en referencia a un posible exceso de competencias en materia de vivienda en manos de los ayuntamietnos frente a las comunidades autónomas, afirmó que "es una cuestión regiada en la Constitución" y que "la situación es razonablemente buena desde el punto de vista competencial".
