Los promotores creen que Corredor ve "razonable" la propuesta, pero recuerdan que Economía tiene la última palabra
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, no trasladará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que se reúne mañana, la propuesta de dotar a la vivienda libre de algunos de los beneficios de la VPO, sugerida por los promotores, pese a estar de acuerdo con ellos en convertir parte del 'stock' de vivienda libre en protegida, según fuentes del Ministerio de Vivienda.
Concretamente, Corredor defenderá mañana la propuesta de los promotores de crear una nueva categoría de vivienda a caballo entre la libre y la VPO con la garantía de que el tipo de interés aplicable en su compra no supere el designado para la VPO --actualmente del 5,09%-- durante los cinco primeros años, y que el Estado subvencione el diferencial que pudiera existir en cada momento o facilite la contratación de un seguro para cubrirlo.
Desde el Ministerio de Vivienda se asegura que la medida, que podría acarrear nuevos costes en plena crisis y con perspectivas de superávit menguantes, no se presentará mañana a los principales responsables económicos del Gobierno al no haber finalizado aún la ronda de contactos entre el Ministerio y los diferentes agentes del sector.
Sin embargo, antes de finalizar estos contactos, Corredor ya ha dejado clara su voluntad, en línea con la de los promotores, de facilitar la reconversión de viviendas libres en protegidas, para cumplir la simbiótica misión de 'desatascar' el mercado y dejar vía libre a nuevas construcciones y cumplir con la promesa electoral de ofertar 1,5 millones de nuevas viviendas protegidas en los próximos diez años.
Por su parte, fuentes de la patronal de los promotores (APCE) indicaron a Europa Press que su percepción es que la propuesta de subvencionar la compra de estas viviendas "se ha considerado razonable" desde el Ministerio, si bien añadieron que "la buena disposición para que el ajuste (del mercado inmobiliario) sea asumible tiene que pasar por la predisposición del Ministerio de Economía".
LOS PROMOTORES CREEN QUE EL COSTE SERÍA RAZONABLE.
De hecho, fuentes de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) aseguraron que la subvención de la compra de estas viviendas no supondría un "costes excesivo" y que, de hecho, esta modalidad de ayudas ya formó parte de la Plan Cuatrienal 1984-1987, así como en los siguientes hasta 1995.
Más aún, desde la patronal de los promotores se confió en que la medida será estudiada y no se descartó que, una vez analizado el coste y la viabilidad de la misma, ésta pueda ser "extensible a otro tipo de viviendas".
Según la asociación, la propuesta se basa en un esfuerzo compartido entre promotores y administración, ya que el promotor haría un esfuerzo para no sobrepasar el precio máximo que se asociaría a esta nueva categoría de vivienda protegida y, por su parte, el Estado se haría cargo de parte de su financiación.
Además, los promotores consideran que esta medida "es de las pocas que el Gobierno puede tomar" dado que tiene un campo de acción prácticamente limitado a la política fiscal.
Por el momento, los promotores siguen a la espera de que sus plegarias, que ya fueron remitidas, no sólo a Vivienda, sino también a los Ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo e Inmigración, sean escuchadas.
En cualquier caso, está previsto que representantes de APCE mantengan una reunión, antes del próximo 15 de mayo, con la ministra de Vivienda para pormenorizarle su 'receta' ante la crisis del sector.
VIVIENDA PROPONE NO SÓLO MEDIDAS FISCALES.
Por su parte, el Gabinete dirigido por Corredor se encuentra perfilando el paquete de medidas que copará el 90% de los temas que mañana se tratarán en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y que, a diferencia de la percepción de los promotores, "tocará "varias líneas, no sólo la fiscalidad", según declaró la ministra de Vivienda esta semana.
Entre las medidas a proponer se encuentran elevar del 15% al 20% la deducción en el IRPF por rehabilitación de la vivienda habitual, articular nuevas ayudas para la rehabilitación integral de edificios y la de alcanzar acuerdos con las comunidades autónomas, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para rehabilitar cascos históricos.
