MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se sentará mañana frente a los consejeros de Vivienda de las comunidades autónomas para avanzar en la elaboración del Plan de Vivienda para los próximos cuatro años (2009-2012), con el objetivo de poder aprobar un texto definitivo antes de que acabe el año.
La idea del Ministerio es, como ya dijo Corredor en su estreno ante la Comisión de Vivienda del Congreso, reformar en profundidad el diseño del Plan vigente con el fin de hacerlo más sencillo y más flexible, de forma que se adapte con mayor facilidad a la realidad de los diferentes territorios.
Según el borrador del plan presentado por Vivienda, las principales novedades que se han introducido por el momento se refieren a la vivienda protegida, uno de los pilares, junto a la rehabilitación y el alquiler, de la política de vivienda que pretende desplegar el Ejecutivo a lo largo de la legislatura.
Concretamente, el borrador amplía el umbral de ingresos familiares para poder acceder a una vivienda de protección, en alquiler o compra, de régimen especial, general y de precio concertado. Asimismo, establece que el esfuerzo económico máximo del adquiriente para acceder a la compra de una vivienda protegida no debe exceder el 40% de sus ingresos, por encima del 30% recomendado por las entidades de crédito.
Sin embargo, son otras disposiciones del borrador las que han suscitado las críticas de algunas comunidades autónomas, al considerar que podrían suponer una invasión competencial. Así, el documento remitido por el Gabinete de Beatriz Corredor expone que los ámbitos territoriales de precio máximo superior serán definidos por las comunidades previa consulta no vinculante a los ayuntamientos afectados, mientras que en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, la modificación de los ámbitos será convenida con éstos.
Los argumentos en contra apuntan que la definición de estos precios máximos corresponde únicamente a las comunidades autónomas, si bien desde Vivienda se recalca que la consulta a los ayuntamientos no es vinculante.
Del mismo modo, algunas de las críticas apuntan que la obligación de inscribirse en un registro de demandantes coordinado por cada comunidad autónoma para acceder a una vivienda de protección es intervencionista.
