La mayoría de lo grupos considera que el texto vulnera competencias autonómicas y no será eficaz en la lucha contra la corrupción
((Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema))
MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de la Ley de Suelo superó hoy el debate de enmiendas a la totalidad presentadas en el Congreso por PP y CiU, gracias al apoyo de IU-ICV, ERC y PSOE, la abstención de PNV, y después de que BNG retirara en el último momento la suya ante la oferta de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de llegar a un consenso en materia competencial y en relación a la definición de suelo rural.
En concreto, el proyecto de la Ley de Suelo obtuvo un total 136 votos a favor, 160 en contra y 5 abstenciones, después de que se emitieran 301 votos.
Todas la formaciones, salvo el Grupo Socialista, mostraron su desacuerdo ante la presunta invasión de competencias autonómicas que supone la ley. Por ello, todos los grupos, salvo PSOE y PP, señalaron que decidirán su posición definitiva ante el texto tras el debate de enmiendas parciales. El PSOE ratificó su apoyo al mismo, mientras que el PP confirmó su voluntad de devolver el texto completo.
Las críticas de la mayoría de los grupos al proyecto de ley se centraron, además, en la supuesta inutilidad del proyecto frente a la corrupción urbanística, en la definición de un tope de participación de los ayuntamientos en las plusvalías de las actuaciones urbanísticas, sin que se plantee poder ampliarlas más allá del 20%, y en el régimen de valoración de suelos ante los problemas que ocasionará en las poblaciones agrícolas.
INVASIÓN DE COMPETENCIAS.
Pese a que Trujillo adelantó en su comparecencia que el proyecto de Ley de Suelo supone un "marco que coexistirá con los modelos urbanísticos autonómicos", y que supone un "uso innovador de los títulos competenciales", los grupos centraron sus críticas en una supuesta vulneración de las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
El portavoz de CiU, Jordi Jané, fue el portavoz más crítico en este punto, ya que, a su juicio, el texto "no respeta el Estatuto de Cataluña", como señaló igualmente el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera.
Por ello, propuso un pacto de Estado para abordar los problemas de acceso a la vivienda en las autonomías de modo que cada nivel administrativo se comprometa a impulsar actuaciones con este fin en el ámbito de sus correspondientes competencias.
Por su parte, el BNG advirtió de posibles "conflictos jurídicos" a nivel competencial de mantenerse el actual texto, y defendió, por ejemplo, el derecho de las comunidades autónomas a la hora de definir las tipologías de suelo.
NO ACABARÁ CON LA CORRUPCIÓN.
Por otra parte, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios aseguraron que la Ley de Suelo no podrá acabar con los casos de corrupción. En este punto, el portavoz de ERC, Josep Andreu Domingo, afirmó que la corrupción está "intrínsecamente alejada tanto de la ley del PP de 1998, como del actual proyecto", mientras que el portavoz del Grupo Popular, Pablo Mato, indicó que el texto propuesto no contempla ningún artículo que especifique como se llevará a cabo el control de la corrupción.
En este punto, Jané volvió a determinar como competencia eminentemente autonómica la lucha contra la corrupción, y apuntó que para acabar con ella "cada administración debe cumplir sus objetivos", por lo que planteó la necesidad de crear al respecto un nuevo pacto de Estado.
Por otra parte, mientras que la ministra de Vivienda aseguró que el establecimiento de una horquilla de participación de los ayuntamientos en las plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas entre el 5% y el 15%, con la posible excepción de aumentar el porcentaje máximo hasta el 20%, supone dejar margen de actuación a los legisladores autonómicos, desde CiU y IU-ICV se planteó eliminar este tope al no encontrar razones para fijarlo.
Por su parte, Rodríguez declaró que al establecer dos únicos tipos de suelo, uno rural y otro urbano, la ley no contempla las peculiaridades de muchas poblaciones rurales en las que los propietarios de las viviendas viven vinculados a la explotación agraria.
En su opinión, "si se aprueba esta medida, serán ilegales muchos asentamientos gallegos", lo que supondrá mayor despoblación, menos explotación y un perjuicio económico para España.
Esta apreciación fue defendida también desde ERC, que indicó además la necesidad de modificar el sistema de valor del suelo en los casos de expropiación (que no contempla la valoración de las expectativas de los suelos), ya que perjudicará a los trabajadores agrícolas, colectivo al que Rodríguez unió como principal afectado a los pequeños propietarios.
En este punto, se indicó desde el grupo popular que este nuevo sistema sólo persigue lograr una "abaratamiento" de las expropiaciones en favor de los intereses del Gobierno.
POLÉMICA EN TORNO A LA CESIÓN DEL 25% DEL SUELO.
Unos de los puntos que centrarán gran parte del debate de las enmiendas parciales será la reserva del 25% para los ayuntamientos para la construcción de VPO, cuestión en la que surgieron discrepancias entre los diferentes grupos parlamentarios.
Desde el PP se señaló que esta medida "no es necesaria" ya que "no es nada nuevo" si se tiene en cuenta que muchas comunidades autónomas ya cuentan con reservas aún mayores que la establecida en la Ley de Suelo, y citó en este sentido a Andalucía (30%), Castilla La Mancha (50%) o Navarra (50%).
En el caso de IU-ICV, el porcentaje se queda corto, por lo que Herrera propuso ampliarlo hasta el 33%, mientras que desde ERC se defendió este porcentaje, más aún cuando, al impulsar la construcción de VPO, favorecerá el acceso a la vivienda en un contexto de tipos de interés al alza.
Por su parte, desde CiU se instó a considerar la situación de muchos ciudadanos que no podrán acceder a las viviendas protegidas al no poder cumplir los requisitos establecidos.
OTRAS PROPUESTAS.
Por otra parte, el PP calificó la ley a debate de "intervencionista", y señaló que la dinamización del alquiler no forma parte de la política urbanística, por lo que consideró que el texto "no responde a las necesidades reales" de mercado de la vivienda.
El Grupo Popular también afirmó que los problemas existentes podrían haber sido abordados desde una reforma de la ley de 1998 sin la necesidad de crear una nueva norma, cuestión que también plantearon los portavoces de BNG y PNV.
Por su parte, IU-ICV incidió en la necesidad de asegurar la función social del suelo y propuso dotar de una carácter vinculante a los informe de evaluación ambiental que recoge el proyecto de ley.
