El PSOE dice que la propuesta acentuaría las crisis y el PNV que su coste conllevaría el déficit presupuestario
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular se quedará hoy solo en el Pleno del Congreso en la defensa de su primera proposición de ley, con la que trata de lograr un incremento en la deducción en el IRPF por compra de vivienda que hubiera supuesto, según sus cálculos, un ahorro medio para los contribuyentes de 800 euros, el doble que la deducción de 400 euros aprobada por el Gobierno.
Los 'populares' no lograron recabar el apoyo de ninguna de las formaciones que intervinieron en el debate del texto, que criticaron el elevado coste de la propuesta --cifrado en 5.000 millones de euros--, así como el riesgo de que provoque un incremento de los precios de la vivienda.
Aunque la votación definitiva no tendrá lugar hasta esta noche, tanto PSOE como PNV, ICV y BNG avanzaron su rechazo a la propuesta, al tiempo que CiU se decantará por la abstención. De esta forma, el PP acumula la tercera derrota consecutiva de los 'populares' en una iniciativa sobre temas de economía desde el arranque de la Legislatura.
El portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, inició su intervención reprochando al Ejecutivo su "indignante pasividad" ante la crisis económica, lo que constituye, a su juicio, un "engaño" para los ciudadanos. "El Gobierno ni está ni se le espera", reiteró.
En este sentido, aseguró que la proposición de ley que defendía busca devolver "parte" de su capacidad adquisitiva perdida a los ciudadanos, y alertó de que miles de españoles que adquirieron su vivienda hace cuatro años no podrá pagarla por la subida de los tipos.
"A las familias que pierdan su vivienda, ¿qué va a decirles el Gobierno?, ¿qué lo siente?", cuestionó Matos, quien urgió al resto de grupos parlamentarios a presentar alternativas en lugar de "rechazar sin más" su propuesta.
5.000 MILLONES DE EUROS DE COSTE.
La socialista Montserrat Colldeforns señaló que todos los grupos de la Cámara persiguen los objetivos declarados de la proposición de reactivar el sector de la construcción y generar empleo, pero advirtió de que la iniciativa de los 'populares' sería contraproducente, ya que el "excesivamente generoso" régimen fiscal de la vivienda es una de las razones de la crisis desatada por el 'boom' de la construcción.
"Para resolver un problema ustedes proponen reincidir en las causas que lo han generado", señaló Colldeforns, quien acusó al PP de hacer casi desmerecer la vivienda protegida y los estímulos al alquiler durante su etapa de Gobierno, rescatados con el Ejecutivo socialista.
Asimismo defendió la "poderosas" medidas presentada esta misma mañana por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. "Estamos comprometidos con todos aquellos que quieren crear su propio hogar", recalcó.
Por su parte, la parlamentaria de CiU Inmaculada Riera señaló que su formación no cuestiona las deducciones actuales a compra de vivienda, pero sí la propuesta del PP, que consideran aislada y costosa. "En política de vivienda hemos de perseguir la integridad de medidas globales y no exclusivamente fiscal", señaló.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, tildó de "poco meditada" la propuestas que, según sus cálculos, supondrá un coste de 5.000 millones de euros y "garantizaría el déficit presupuestario". "No nos preocupa el déficit, pero sí si deriva de medidas ineficaces" y que contribuiría a efectos indeseados como el aumento de los precios.
ICV: RESCATE DE LA BURBUJA INMOBLILIARIA.
Desde el escaño de ICV, formación que comparte grupo parlamentario con ERC e IU, Joan Herrera apostó por aumentar los recursos destinados a políticas activas de vivienda y reducir precisamente las desgravaciones fiscales a la adquisición que benefician, a su juicio, a los promotores y han sido responsables de la 'burbuja inmobiliaria'. "Tramitar su propuesta sería ahondar en el error", insistió.
Por último, la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila calificó de "justificada en principio" la propuestas del PP, pero justificó el uso masivo de las deducciones por su impacto en el sistema fiscal, y recordó que las políticas de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que las medidas deben ser acordadas únicamente con ellas.
