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    UE.- La CE participa en la inspección a las cementeras españolas por posible pacto de precios

    BRUSELAS, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

    Funcionarios de la Comisión Europea realizaron entre ayer y hoy inspecciones por sorpresa en las instalaciones de varias empresas fabricantes de cemento y productos derivados en España al sospechar que existe un acuerdo entre ellas para pactar precios y repartirse el mercado.

    "La Comisión tiene motivos para creer que las empresas afectadas pueden haber vulnerado las reglas de defensa de la competencia del Tratado que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas, así como el abuso de posición dominante en el mercado", señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

    Los funcionarios de la Comisión acompañaron así a sus homólogos de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) española. Siguiendo su práctica habitual, el Ejecutivo comunitario eludió identificar a las empresas afectadas por las inspecciones y tampoco desveló el número de compañías implicadas.

    La CNC informó ayer martes sobre inspecciones a sedes de empresas fabricantes y suministradoras de cemento, hormigón y áridos radicadas en España ante la sospecha de que realizan prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos para fijar precios y repartirse el mercado.

    El organismo español de la Competencia recordó en un comunicado que las conductas por las que se inspecciona a las cementeras constituirían una infracción de las consideradas como 'muy grave', que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior a la imposición de la eventual multa.

    De su lado, y en la misma línea, la CE indicó que las inspecciones por sorpresa constituyen un paso preliminar en la investigación de cárteles. Al igual que la CNC indicó que el hecho de que se realicen estas inspecciones no significa que las compañías sean culpables ni prejuzga el resultado de la investigación.

    El Ejecutivo comunitario subrayó además que respeta el derecho de defensa de las empresas, en particular el derecho a ser escuchadas durante el procedimiento.

    No hay ningún plazo estricto para completar este tipo de investigaciones. Su duración depende de una serie de factores, como la complejidad de cada caso, la cooperación de las empresas y el ejercicio del derecho de defensa.