MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
Cresa Patrimonial, una de las tres sociedades mediante las cuales la familia Sanahuja controla el 24,29% de Metrovacesa, presentará mañana un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para impugnar la autorización de la CNMV a la OPA presentada sobre la inmobiliaria por su presidente, Joaquín Rivero, y el empresario y socio de la compañía Bautista Soler.
La presentación mañana de este recurso, con el que los Sanahuja pedirán la suspensión de la OPA de Rivero y la aplicación de medidas "cautelarísimas", coincide con la fecha dada por la CNMV para que se presenten, a sobre cerrado, las eventuales mejoras de las respectivas OPA's que Rivero y los Sanahuja han formulado sobre Metrovacesa.
La representación jurídica de Cresa Patrimonial argumenta que la OPA de Rivero y Soler es "ilegal e ilegítima, por cuanto en la misma se produce un claro abuso de derecho, ya que su finalidad no es comprar acciones sino únicamente impedir que Cresa compre".
"Se trata pues de una OPA obstructiva, como viene a reconocerse expresamente en el propio folleto explicativo de la OPA, en el que señalan que únicamente aspiran a poseer el 10% de Metrovacesa", indicó hoy la sociedad de los Sanahuja en un comunicado.
En el recurso se denunciará, además, que la financiación para la operación se obtuvo "poniendo a disposición de sus bancos información confidencial". "En actuaciones como el proyecto residencial de Gecina o la llamada Operación Residco, que según el folleto consiste en la venta del 100% del patrimonio residencial de Gecina a un vehículo SIIC cotizado, los bancos que financian la OPA han dispuesto de información privilegiada que ni tan siquiera se había puesto en conocimiento del consejo de administración de la compañía", señala.
Por otra parte, la familia Sanahuja acusa al presidente de Metrovacesa de "incumplimiento sistemático de la obligación de informar a la CNMV, lo cual es evidente al extremo de que a día de hoy, en la información que aparece publicada en la CNMV se dice que Joaquín Rivero detenta un 4,32% del capital de Metrovacesa, mientras que en el folleto de la OPA aprobado ésta se sitúa en el 6,62%".
Según Cresa Patrimonial, Joaquín Rivero "no sólo no informa como es preceptivo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino que, tratándose del presidente de una empresa del IBEX, ha engañado y confundido al organismo regulador y a los accionistas, detentando distintas participaciones de Metrovacesa a través de diversas sociedades como Stenenberg, Gramano o Quimafa, domiciliadas en paraísos fiscales, como Madeira y Luxemburgo, que ha comunicado defectuosamente a la CNMV".
En base a "este cúmulo de irregularidades", Cresa Patrimonial solicita en su recurso ante la Audiencia Nacional "la suspensión de la OPA presentada por las sociedades de Rivero y Soler y la aplicación de medidas cautelarísimas".
NULIDAD DE ACUERDO DE ACCIONISTAS
Por otra parte, Cresa Patrimonial ha interpuesto también una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid en la que solicita la "nulidad radical" del acuerdo adoptado por la junta general de accionistas de Metrovacesa, celebrada el pasado 26 de junio de 2006, que autorizó la emisión de obligaciones convertibles por importe de 1.000 millones de euros. Cresa subraya que en esta emisión "se priva a los accionistas de su derecho de suscripción preferente".
Según la sociedad, que se ofreció a suscribir los 240 millones de euros correspondientes a su parte de la ampliación pero no le fue permitido, "la supresión de los derechos de suscripción preferente no está justificada" y la actuación del consejo de administración "forma así parte de una estrategia y una maniobra del presidente de Metrovacesa para blindar su posición en la compañía, en el contexto de la OPA y contra OPA en curso".
Para Cresa, el acuerdo de emisión de acciones convertibles sin derecho de suscripción preferente es "lesivo para un grupo de accionistas en beneficio de otro y se aparta, además, de la práctica que ha venido manteniendo tradicionalmente la compañía".
La sociedad afirma también que Metrovacesa, "además de privar a los accionistas minoritarios de sus derechos de suscripción de deuda, tomó una decisión de enorme trascendencia de forma precipitada sin que existiera ninguna urgencia, sin realizar ningún debate o análisis previo sobre posibles alternativas financieras, sin nada que justificara o motivara las ventajas de esta alternativa frente a otras y sin haber siquiera encargado ningún estudio previo a algún banco de negocios o experto financiero que justificara la propuesta".
OBJETIVO DE CRESA
La sociedad de la familia Sanahuja indicó que el objetivo de su OPA es "alcanzar la posición de socio de referencia de Metrovacesa", una situación que considera "muy beneficiosa" para los intereses de la compañía, tanto por su "capacidad de dar estabilidad a la gestión" como porque "evita el riesgo de entrada de otros accionistas que pudieran no compartir la estrategia de Metrovacesa".
Sin embargo, remarcó que la OPA de las sociedades de Rivero y Soler "tiene unos objetivos radicalmente diferentes". "Según han reconocido de manera expresa, es de 'carácter defensivo', con lo que se puede concluir que lo que únicamente pretende es frustrar la iniciativa de Cresa Patrimonial ante el temor, según se expresa en la demanda, de que la nueva situación en la compañía haga perder al actual presidente el control de Metrovacesa", concluyó Cresa.
