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MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) entregó hoy ante la Presidencia del Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado las 40.000 firmas recogidas en toda España a favor del Fondo de Compensación de Pérdidas para los afectados por Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza, propuesto por la Plataforma Unitaria Estatal de Afectos de Adicae.
En un acto que se desarrolló esta mañana, los representantes de la asociación depositaron en las tres instituciones un copia de las firmas recogidas durante la campaña de apoyo social a la solución política desarrollada en varias provincias españolas los pasados meses de octubre y septiembre.
El adjunto a la presidencia de Adicae, Fernando Herrero, explicó que la campaña de recogidas nació con el objetivo de "poner de manifiesto la gravedad del problema y la necesidad del apoyo ciudadano".
Herrero declaró que, tras informar a la opinión pública de la situación y la realidad de los afectados por las presuntas estafas de estas empresas de bienes tangibles, los ciudadanos contestaron con una "gran receptividad" a apoyar una solución política.
El próximo lunes, la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado votará el Proyecto de Ley de Bienes Tangibles. El PP, CiU, PNV, EA y BNG presentaron enmiendas de adición en las que solicitan una solución para los afectados y que en conjunto suponen una mayoría.
BNG, EA y PNV incluyen el Fondo de Compensación de Pérdidas propuesto por Adicae, el PP plantea un Fondo de Garantía con carácter retroactivo y CiU, por su parte, hace una propuesta de recuperación íntegra de las inversiones mediante la liquidación de las empresas.
En los próximos días los partidos políticos fijarán sus posiciones de cara a la votación del lunes. Según explicó Herrero, los más probable es que se concrete una "enmienda transaccional" que aglutine las peticiones de cada grupo en una "única" que recoja un acuerdo común.
Los representantes de Adicae mantuvieron más de 150 reuniones y entrevistas a nivel nacional, autonómico y provincial a lo largo de los 17 meses que han transcurrido desde la intervención judicial del 9 de mayo de 2006 para conseguir un acuerdo político de solución a los más de 460.000 afectados por las presuntas estafas.
