MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción solicitó hoy seis años de cárcel y una multa de 43,5 millones de euros para el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. Botín esta imputado junto con otros ocho directivos de la entidad a raíz de las supuestas irregularidades contendidas en el plan de incentivos concedido a los directivos de Banesto entre los años 1994 y 1998.
El proceso se inició por una denuncia formulada por Rafael Pérez Escolar, uno de los condenados por el caso Banesto. Según el escrito de conclusiones presentado hoy por el Fiscal ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, los imputados omitieron declarar ante la Hacienda Pública los rendimientos en especie del plan de incentivos a los directivos de Banesto.
Estos rendimientos en especie se entregaron el 21 de octubre de 1994 y consistían en 6,1 millones de acciones "por un precio inferior a la real y cuya financiación sufragó el Banco de Santander", así como en la venta de acciones, en noviembre de 1996 y 1997, respectivamente, a dos directivos incorporados "mediante idéntico sistema de financiación".
Así las diligencias de instrucción consideran probado que el Santander presuntamente defraudó a la Hacienda Pública 7,74 millones de euros en 1994; 690.000 euros en 1995, 610.000 euros en 1996, 460.000 euros en 1997 y 380.000 euros en 1998. En total, unos 9,88 millones de euros. Por tanto el Fiscal pide que se indemnice a la Hacienda Pública con estos 9,88 millones de euros, más los intereses de demora correspondientes a la cuota defraudada en cada periodo desde enero de 1995 hasta los días 9 y 11 de junio de 1999. Alternativamente a estas cantidades, solicita que paguen 13,33 millones euros, más los intereses de demora.
OCULTAR LA EVASIÓN DE IMPUESTOS
Además de Botín, están también procesados Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique Gordillo, Juan Secades y González-Camino, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, Juan Carlos Rodríguez Cantanero y José María Espí Martínez. A todos ellos se les acusa de urdir y aprobar una operación para "ocultar la omisión de la tributación a la Hacienda Pública de la retribución obtenida por los directivos como consecuencia de la adquisición de acciones y su financiación en condiciones muy favorables".
El escrito de la Fiscalía señala que los imputados "no comunicaron la operación concreta que finalmente resultó de estas negociaciones, ni ordenaron a los órganos correspondientes de los Departamentos Fiscales del Santander o Banesto la obligación de tributar por el ingreso sobre los beneficios derivados de la misma". Y esta omisión "tuvo como objeto que ni se declararan ni se ingresaran los ingresos a cuenta de tributación en ninguno de los ejercicios".
