BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la Generalitat aprobó hoy nuevamente el proyecto de ley de Derecho a la Vivienda en Cataluña que permite la expropiación temporal de pisos que se encuentren vacíos por espacio de dos años y evitar así operaciones especulativas. La previsión del Ejecutivo catalán es que el texto pase el trámite parlamentario rápidamente y la ley entre en vigor antes de verano, según el conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.
El proyecto de ley es "idéntico" al aprobado el pasado mes de abril y que decayó en el Parlament por la convocatoria de elecciones anticipadas pese a su tramitación por la vía de urgencia. El único cambio en el texto se encuentra en la exposición de motivos donde se ha sustituido la referencia al Estatut de 1979 por el Estatut de 2006.
Baltasar subrayó el interés del Gobierno por impulsar esta ley, por considerar que las políticas de vivienda son "un objetivo central" del Ejecutivo de José Montilla heredado del anterior Gobierno después de "muchos años de no contar con políticas de vivienda social".
La aspiración del Gobierno catalán es que el Parlament dé luz verde al texto antes de verano y se espera contar con la participación de los grupos de la oposición a quienes el conseller pidió que sean "consecuentes" con sus programas electorales, en los que, especialmente CiU, hacía "propuestas osadas" de ayudas en la materia.
El texto aprobado hoy, que en su momento se denominó 'ley Milà', en referencia al anterior conseller, plantea una política "integral" en materia de vivienda y prevé por primera vez la regulación de la sobreocupación y la subocupación de viviendas y medidas para evitar el 'mobbing' inmobiliario. Para evitar la sobreocupación y los llamados 'pisos patera' habrá inspecciones, a la vez que políticas públicas para resolver la situación de sus ocupantes.
En el caso de las viviendas que se encuentren desocupadas durante un periodo prolongado superior a dos años y siempre que el propietario desoiga las medidas impulsadas por la administración para poner la vivienda en el mercado. En ese caso, la Generalitat aplicará el 'alquiler social' forzoso, por un periodo máximo de seis años, que consistirá en la expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarla a terceros.
Además, la Ley pondrá las bases para evitar que inmuebles que no pueden disponer de cédula de habitabilidad sean alquilados o vendidos. Éste es el caso, por ejemplo, de trasteros que entran en el mercado inmobiliario como mini pisos.
El proyecto de Ley permitirá descalificar las viviendas protegidas en un periodo que oscila entre un mínimo de 30 años y un máximo de 90. La excepción a la norma será para los casos de sustitución de viviendas y de realojo, para los que el plazo máximo de calificación protegida no podrá ser superior a 15 años.
La norma también prevé que los municipios con más de 3.000 habitantes dispongan de un parque de vivienda protegida que llegue al 15% del total de viviendas en un plazo de 20 años. La previsión del Gobierno es construir "no menos de 50.000 viviendas protegidas" en esta legislatura, aunque Baltasar, que en su momento habló de 80.000 pisos, aseguró que "todo el Gobierno está interesado en superar esta cifra".
GARANTÍAS EN LA COMPRA Y VENTA Y EN EL ESTADO DE LOS EDIFIFICIOS
Por otra parte, el proyecto de Ley también prevé un registro obligatorio de agentes de la transacción inmobiliaria para evitar estafas en la compra-venta de viviendas y que regulará los derechos, deberes e incluso posibilidades de exclusión de los agentes; así como la creación de un registro único de solicitantes de vivienda protegida elaborado en concierto con los ayuntamientos.
El registro único, que no eliminará a los ya existentes, servirá para ahorrar trámites en el caso de solicitantes que optan a diferentes promociones y para homogeneizar las múltiples listas actuales, así como para permitir elaborar un censo más cercano a la realidad del número de ciudadanos que solicitan viviendas protegidas.
Por otra parte, todos los edificios deberán pasar un control obligatorio a modo de ITV cuya periodicidad dependerá de su antigüedad para comprobar su estado de conservación. Esta revisión forma parte de la defensa de la calidad de las viviendas, un concepto que incorpora el proyecto de Ley.
