MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, anunció hoy que el Gobierno estudia la posibilidad de conceder anticipos a cuenta de los reembolsos que en su día se determinen por la Administración de Justicia, y que se calculen en función de la renta y situaciones personales de los afectados por la presunta estafa de Afinsa y Forum Filatélico.
Asimismo, se mostró en contra de crear un fondo de garantía específico para ayudar a los perjudicados, e insistió en que espera que en un "no muy dilatado espacio de tiempo" pueda formular una propuesta de complemento de la legislación para evitar que vuelva a suceder algo así. Hasta el momento unas 90.000 personas se han puesto contacto con asociaciones de consumidores en relación con la presunta estafa.
En su comparecencia en la Comisión de Sanidad en el Senado, Salgado manifestó que se estudia la posibilidad de articular medidas que contribuyan a apoyar financieramente a los afectados, tomando en consideración la cuantificación de activos, bienes o pólizas de Afinsa y Forum Filatélico y de sus propietarios, como la duración del proceso judicial y las situaciones especialmente precarias en las que puedan encontrarse los afectados.
En este sentido, explicó que los anticipos tendrán, además del límite en el que se estimen los eventuales reembolsos en función de los activos disponibles, modulaciones en función de las cuantías individualmente afectadas, la situación de renta de los afectados, y circunstancias personales y sociales. "Es razonable que la actuación del Gobierno se oriente a las economías más precarias, las ayudas deben ser aprobadas por el conjunto de la sociedad", dijo.
Además, el Ministerio de Trabajo ha impulsado la solicitud del complemento a mínimos de los pensionistas que anteriormente no podían solicitarlo, ya que contaban con ingresos procedentes de los ahorros que tenían depositados en Afinsa y Forum Filatélico, indicó.
Respecto a la necesidad de complementar la normativa que regule las entidades de comercialización de bienes tangibles, que no son entidades de crédito, Salgado precisó que irá orientada a aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los ciudadanos. Además, consideró que debería convertir en obligatorias las garantías cuyo ofrecimiento a los consumidores ahora es voluntario y mejorar los mecanismos de información y publicidad sobre el sector.
Asimismo, la titular de Sanidad recordó que el Gobierno aprobó conceder dos millones de euros a las organizaciones integrantes del Consejo de Consumidores y Usuarios para contribuir a la financiación de los gastos de asesoramiento a los consumidores (700.000) y de apoyo a la representación y defensa de los afectados (1.300.000).
En concreto, informó que había un total de 880 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, 556 trabajadores el Afinsa y 317 en Forum Filatélico, que "están en una situación laboral que deberá tener respuesta por el Juzgado de lo Social, si lo estima oportuno".
Además, respecto a la suma de inversores derivados de los informes de gestión de ambas entidades --que se estima en 350.000 personas-- Salgado precisó que, hasta este momento, se han puesto en contacto con las asociaciones de consumidores en torno a 90.000 personas, lo que no quiere decir que sean los afectados, "aunque esto no minimiza el problema".
PP PIDE UN FONDO DE AYUDA
Por su parte, el senador del Grupo Popular, José Seguí, acusó al Ejecutivo de "intentar pasar la pelota al Gobierno anterior", y consideró que le preocupa que no haya mantenido una comunicación con las comunidades autónomas y haya tenido "una actitud pasiva", ya que a su juicio "tenía que haber actuado antes". "No es aceptable que el Gobierno no reconozca responsabilidad alguna y que establezca ayudas tímidas a las asociaciones para dar ayuda", criticó.
En este sentido, Seguí volvió a solicitar que se establezca un fondo para estas situaciones relativas a las inversiones de bienes tangibles porque se estima que afecta a 350.000 familias. En su opinión, esta posibilidad se debería reconsiderar "por sensibilidad" a los afectados.
En su respuesta, la titular de Sanidad rechazó la posibilidad de crear un fondo para este tipo de inversiones, ya que "sería igual que pretender que lo hubiera para inversiones individuales y, en todo caso, nunca podría tener efecto retroactivo, al no ser posible económicamente". En su opinión, sería "injusto" en términos globales y la mayoría de ciudadanos no desea que sus impuestos financien una garantía de este tipo y recordó que el 40 por ciento de ciudadanos manifiestan tener dificultades para llegar a final de mes, y que "pagan religiosamente sus impuestos".
Además, comentó que el Ministerio de Economía durante el mandato anterior "tuvo conciencia de que habían comenzado inspecciones de la Agencia Tributaria a estas empresas, y noticia de que Sanidad estimaba que las comunidades autónomas no tenían medios para poder inspeccionar y supervisar a las mismas". No obstante, precisó que "no es su intención hacer enfrentamiento entre los grupos políticos, ni quiere hacer polémica, ya que se debe buscar el consenso entre todos".
MODIFICAR LA NORMATIVA "URGENTEMENTE"
Por su parte, el senador Juan José Palacios (PSOE) resaltó la firmeza del Gobierno en este tema, y reiteró que los fondos de garantía no pueden ser a efectos retroactivos y los constituyen las propias empresas, y que "no jueguen a ser bomberos e incendiarios".
Rosa Nuria Aleixandre (CiU) coincidió en que se trata de un "tema sangrante", con independencia del culpable, y apostó por la necesidad modificar la legislación "lo antes posible". También pidió a la ministra que explique en qué ha consistido el problema y cómo ha sido tan fácil engañar a estos ciudadanos.
En este sentido, la senadora Inmaculada Loroño (PNV) manifestó que no entiende cómo se ha tardado tanto en detectar esta situación. Asimismo, consideró "insuficientes" las medidas anunciadas y exigió "una urgente" modificación de la normativa que garantice transparencia y seguridad para los inversores, y que se pudiera plantear la posibilidad de que esas entidades puedan establecer ellas mismas un fondo de garantía.
