MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) denunció hoy que el establecimiento del límite para acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR) en 10 kilowatios (Kw) y no en 15 Kw --potencia también considerada de uso doméstico-- dejará fuera de lo que será la única tarifa regulada a entre 1,5 y 2 millones de usuarios.
En este sentido, la Confederación consideró que los usuarios con una potencia contratada superior a los 10 kilowatios estarán obligados a buscar una oferta en el mercado liberalizado si no quieren que su suministro pase a ser asumido por una comercilizadora "que le aplicará un precio un 5% superior al actual".
La Tarifa de Último Recurso está regulada por un Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, y con ella se elimina la actual tarifa integral eléctrica, fijando las bases de lo que será la liberalización plena, efectiva el próximo 1 de julio.
De este modo, Ceaccu se ha dirigido al Ministerio de Industria para exigir al Gobierno que el precio de la TUR no sea superior a la actual tarifa integral eléctrica y que la liberalización definitiva no traiga consigo una subida adicional. Asimismo Ceaccu recordó que en la actualidad los consumidores pagan un 17% más que en diciembre de 2007.
Los consumidores reclamaron también que la liberalización genere competencia en los precios de la electricidad, al tiempo que advirtieron que dicha competencia no se da en la actualidad, ya que al consumidor le resulta "muy complicado" comparar una eventual oferta con la tarifa regulada, además de suponerle un "escaso ahorro" de ocho euros anuales por consumidor.
Asimismo, Ceaccu criticó el sistema elegido para informar a los usuarios del cambio de tarifación, que se realizará mediante correo ordinario, y que la organización tildó de "insuficiente", al tiempo que adelantó que generará dificultades a la hora de exigir responsabilidades en caso de irregularidades en la presentación.
Consecuentemente con esta última reivindicación, la organización de consumidores reclamó al Gobierno el desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico, que prevé el establecimiento de un método extrajudicial de resolución de conflictos para la protección de los consumidores, e instó a la Administración a promover la adhesión de las compañías eléctricas al Arbitraje de Consumo.
