MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que el sistema gasista cerrará el ejercicio 2016 con un déficit de tarifa de 189 millones, a lo que se sumará previsiblemente otro de 262 millones en 2017 que ocasionará, en el acumulado de los dos años, un desajuste de cerca de 450 millones.
Este desfase puede situar al Gobierno cerca del límite por encima del cual debe elevar los peajes que pagan los consumidores de gas natural para sufragar los costes regulados del sistema gasista, conforme a lo establecido en la legislación aprobada en 2014.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha publicado este jueves en el BOE la orden ministerial que congela los peajes de gas en 2017 después de calcular que los ingresos del ejercicio serán de 2.946 millones y que los costes ascenderán a 2.940 millones, lo que arrojará un superávit de 6 millones.
No obstante, la CNMC advierte en su informe sobre esta orden ministerial de "erratas en el procedimiento de facturación" usado para estimar los ingresos, así como de una previsión de demanda por encima de la contemplada por el regulador.
"De acuerdo con el escenario de previsión de la CNMC para 2017 y considerando los costes resultantes de las comprobaciones de la CNMC, se produciría un desajuste negativo de 262,1 millones", afirma el regulador en su informe.
En cuanto a 2016, el organismo prevé que los ingresos sean de 2.745 millones, frente a 2.926 millones de costes, lo que provocará un desajuste de 180 millones. A este desfase hay que añadir las "erratas en la facturación" detectadas y la anualidad del déficit de 2015, con lo que el desajuste será de 189 millones, señala el regulador.
En su última liquidación mensual de seguimiento del sistema gasista, la CNMC ya advirtió de la existencia de un déficit provisional hasta octubre de 2016 de 462 millones, un 63% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
El Gobierno tiene reconocido un déficit de tarifa del gas de 1.025 millones hasta el cierre de 2014, cuyo importe financiarán los distintos agentes del sector.
A partir de esa fecha, y conforme establece la Ley 18/2014, la revisión de los peajes queda condicionada a que los posibles desajustes del sistema superen en términos anuales el 10% de los ingresos.
De esta forma, el umbral para que el Gobierno se vea obligado a subir los peajes se encuentra en torno a los 300 millones de desajuste tarifario anual.
