El Defensor del Pueblo ve necesario ligar el bono social de la luz a la renta

Publicado: martes, 28 febrero 2017 12:00

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo considera necesario modificar la normativa para que el bono social de la luz sea ligado a la renta, ya que al no ser así los recursos orientados a combatir la pobreza energética no se emplean adecuadamente.

La institución realiza esta consideración en su informe anual de 2016, en el capítulo de energía eléctrica. A finales del pasado mes de enero, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, que incluye la prohibición de los cortes de suministro a las familias a los usuarios de especial vulnerabilidad.

Actualmente, se está procediendo al desarrollo del reglamento del Real Decreto, para lo que el Gobierno inició las conversaciones con todas las fuerzas políticas con el objetivo de alcanzar el máximo consenso posible. Dentro de este reglamento, figura la intención de incluir el criterio de renta para la percepción del bono social de la luz.

En su informe, la institución dirigida por Soledad Becerril señala que el actual sistema hace que haya personas que, "por sus escasos ingresos, necesitan percibir la energía a una tarifa bonificada y no se les reconoce el derecho a ello".

En 2014, el Defensor del Pueblo ya recomendó al Ministerio de Energía modificar los requisitos de concesión del bono social eléctrico, en relación con la renta del peticionario y no a otros criterios.

ELEVADA PROPORCIÓN DE LA PARTE FIJA DE LA FACTURA.

Por otra parte, la institución advierte de la elevada proporción de la parte fija de la factura eléctrica, que corresponde a los costes regulados del sistema.

Así, considera que la proporción que esta parte fija representa sobre el total se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar unos "mínimos muy elevados, lo cual afecta sobre todo a los hogares en los que no se registra consumo durante la mayor parte del año".

Además, el Defensor del Pueblo pide una reducción y una flexibilización de los tramos para cambiar la potencia de energía eléctrica contratada, ya que la normativa vigente solo permite solicitar cambios cada 12 meses, "lo cual no ofrece la respuesta requerida a las necesidades de muchos suministros".

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