MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) celebra esta tarde una reunión con el Ministerio de Industria con el mandato expreso de sus socios de no cruzar varias "líneas rojas", entre las que figura la posibilidad de que se aplique una moratoria para la fotovoltaica siempre y cuando consista en un plazo máximo de seis meses desde que se registra el proyecto hasta que se recibe la retribución, indicaron a Europa Press fuentes de la asociación.
La reunión, según fuentes del sector, ha sido convocada para las cinco de la tarde de hoy y a la misma también están invitadas las otras dos asociaciones de referencia del sector, esto es, Appa y AEF. Su celebración se produce apenas tres días después de que Industria anunciara un acuerdo de revisión de la retribución de los sectores eólico y termosolar.
Las fuentes de Asif explican que esta mañana se ha celebrado una asamblea extraordinaria de la asociación en la que los socios han marcado de forma democrática los límites en la negociación con el departamento que dirige Miguel Sebastián. La moratoria de seis meses permitiría obtener un ahorro a corto plazo para el sistema eléctrico.
Entre los límites marcados figura además, aparte de la moratoria, que el eventual recorte en las horas con derecho a retribución se aplique a los proyectos que entren en marcha, y no a los que ya están recibiendo las primas. Además, se ha pedido a los representantes de Asif en la negociación que, a la hora de buscar el máximo ahorro en el sistema, carguen la mayor parte del ajuste sobre las instalaciones fraudulentas.
En el documento 'Elementos para un acuerdo sobre política energética', que el Gobierno utiliza como base en su negociación con el Partido Popular sobre un pacto de Estado en energía, se alude a la adaptación de los mecanismos retributivos de las plantas fotovoltaicas en funcionamiento.
Esta adaptación pasa por "devolver las tasas de rentabilidad" de los proyectos en niveles "razonables garantizados" y por excluir del sistema a las plantas fraudulentas, para las que se reservará algún tipo de cláusula que fomente la regularización voluntaria.
En su momento, Asif calculó que la retirada de primas a cerca de 600 megavatios (MW) de instalaciones fraudulentas podrían ahorrar al sistema entre 500 y 800 millones. De esta forma, podría recortarse entre el 20% y el 30% el coste de estas tecnologías.
