MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobará previsiblemente en su reunión del jueves un informe acerca de la implantación de la tarifa social en el que se incluirá el número de personas que se han acogido a la misma, indicaron a Europa Press en fuentes del regulador.
La tarifa social inició su andadura en julio, y por el momento no existe una estimación oficial acerca del número de usuarios que se han acogido a la misma. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dijo en el momento de su lanzamiento que hasta 4,5 millones de hogares españoles podrían acogerse a esta modalidad.
Para disfrutar de la tarifa social es necesario acreditar que se dispone de una potencia contratada inferior a 3 kilovatios (kW) y que la residencia a la que se presta el servicio eléctrico es la habitual. Esta potencia permite el uso simultáneo de la iluminación, el frigorífico, la televisión y otro electrodoméstico intensivo en electricidad, como la lavadora, el ordenador o la plancha.
Junto a esto, los hogares deben tener instalado el Interruptor de Control de Potencia (ICP) para evitar el fraude en la aplicación de la medida. Además, los usuarios deben rellenar un formulario estandarizado de fácil cumplimentación y que se entrega en la oficina de la compañía distribuidora, que es la que se encarga de tramitar la solicitud.
Por otro lado, en la reunión del jueves, el consejo de administración del regulador prevé aprobar su informe sobre la ejecución del plan de inspección a instalaciones fotovoltaicas. En este informe se separan las instalaciones en tres grupos: las que están en situación correcta, las que están en situación correcta pero se han conectado a la red después del 30 de septiembre y las que han sufrido incidencias.
Fuentes cercanas al regulador indicaron que el informe, que será remitido al Ministerio de Industria, detecta anomalías en más de la mitad de los casos. De hecho, de la treintena de huertos inspeccionados sólo 13 cumplen los requisitos exigidos.
De los 17 restantes, nueve se encuentran en una situación correcta, pero se conectaron a la red después del 29 de septiembre, mientras que los ocho restantes adolecen de irregularidades.
El anterior marco regulatorio del sector fotovoltaico expiraba el 29 de septiembre, y el regulador energético tenía interés por conocer qué plantas se conectaron correctamente a la red antes de esa fecha y, por ello, disponen de derecho a percibir la anterior prima, un 35% superior a la que establece el nuevo decreto.
