LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, ha afirmado que la empresa "estará a lo que se le diga" desde el punto de vista judicial y administrativo respecto a la central hidroeléctrica de Chira-Soria (Gran Canaria).
"Estamos a lo que manda la legislación y a las disposiciones judiciales. (El asunto) está en proceso. Ahora hay seis meses, más otros dos meses que tiene la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para dirimir el tema y nosotros estamos a los que nos digan", dijo.
Durante una rueda de prensa, Folgado explicó que en el momento en que queden sustanciados los aspectos judiciales y administrativos, REE cumplirá.
"Y cumplimos --agregó-- en el sentido de que es una inversión regulada para la garantía y la seguridad del suministro y para el apoyo al funcionamiento de renovables. Nunca como uno que busca lucrarse de generación".
Aquí, afirmó que Red Eléctrica tiene estudios y que seguirá trabajando con las instituciones para ver qué posibles emplazamientos podrían optimizar el sistema de bombeo para la estabilidad del sistema.
A comienzos de mayo, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, aseguró que la eléctrica no ha renunciado a construir y explotar la central de bombeo Chira-Soria, sino que aspira a obtener una remuneración "fijada y justa" por esta instalación.
También a comienzos de mayo, el BOE publicó una orden ministerial en la que el Ministerio de Industria obliga a Endesa a transferir a REE este proyecto, conforme a lo estipulado en la nueva legislación para instalaciones de bombeo en Canarias.
En la orden ministerial, Industria asegura que Unelco, filial de Endesa, ha renunciado a la ejecución del proyecto y explica que el traspaso se produce en aplicación de la Ley 17/2013, por la que REE asumirá las instalaciones de bombeo en Canarias cuya principal finalidad sea la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables.
A partir de ese momento, se inició un plazo de seis meses para el traspaso de los activos y se abrió un periodo de negociación para fijar el precio de compraventa, en el que se tendrán en cuenta los costes en los que hayan incurrido hasta la fecha los promotores del proyecto.
La propia ley contempla la posibilidad de que Endesa y REE no alcancen un acuerdo sobre el precio. En ese caso, Industria se dirigirá a la CNMC para que nombre un árbitro independiente que, en el plazo de tres meses, dicte un laudo vinculante.
