MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de Endesa se reunirá el próximo martes, día 28 de marzo, para analizar el contenido de la resolución judicial que pide a la eléctrica un aval de 1.000 millones de euros para suspender la tramitación de la OPA formulada por Gas Natural y adoptar una decisión al respecto.
En fuentes próximas al máximo órgano de dirección de la eléctrica indicaron hoy a Europa Press que en el orden del día de la reunión ordinaria del consejo se incluirá el análisis de la resolución judicial, que también suspende el contrato sobre gestión de activos suscrito por Gas Natural e Iberdrola.
Según el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número tres de Madrid, Endesa dispone de un plazo de diez días para presentar el aval bancario por importe de 1.000 millones de euros, que tiene por objeto responder ante posibles daños y perjuicios por las medidas cautelares.
Si no se deposita esta "caución", la suspensión de la tramitación de la OPA y del acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola no tendría efectividad, según lo establecido en el auto judicial.
La empresa que preside Manuel Pizarro remitió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que explica que está estudiando con sus asesores jurídicos el contenido y los efectos de la resolución judicial.
Fuentes de Endesa consultadas por Europa Press subrayaron la envergadura del aval impuesto por el juzgado, por lo que manifestaron que se trata de "una decisión importante".
En el auto se indica que en el plazo de 10 días Endesa deberá entregar un aval de 1.000 millones de euros para responder "de posibles daños y perjuicios derivados de la adopción y mantenimiento de las medidas cautelares acordadas".
Endesa había solicitado en un principio entregar un aval de un millón de euros, pero el Juzgado estimó que dada la envergadura de la operación, de unos 20.000 millones de euros, el aval debía ser del 5% del importe de la operación, es decir 1.000 millones de euros.
Asimismo, ordena la notificación del auto a las partes, al Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informándoles de que las medidas acordadas sólo serán efectivas una vez quede constituida la caución establecida.
