MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Extremadura se reafirmó hoy en su política fiscal a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la ley extremeña de 1997 que creaba el impuesto ecológico sobre las eléctricas, cuya denominación formal era la de Ley 7/1997 de Medidas Fiscales sobre la Producción y el Transporte de Energía que Incidan sobre el Medio Ambiente.
En rueda de prensa en la que se dio cuenta del fallo del Alto Tribunal y de la valoración que merece por parte del Ejecutivo regional, el consejero de Hacienda, José Martín, subrayó que el impuesto a las eléctricas es un "referente de la gestión política de la Junta", al tiempo que reiteró que sigue en vigor, por cuanto la norma del 97 que ha sido declarada inconstitucional ya quedó derogada a través de la Ley 8/2005 de Reforma de Tributos Propios de la Comunidad Autónoma, que entró en vigor el 1 de enero del presente año.
La nueva legislación extremeña sobre la materia mantiene los aspectos esenciales de la anterior, entre los cuales el más importante es el mantenimiento de la existencia del propio impuesto, si bien en el texto en vigor aparecen diversas modificaciones respecto a los contenidos que figuraban en el del 97.
ACUERDO CON EL GOBIERNO.
La derogación de la ley original se produjo a raíz del acuerdo que alcanzaron en su día la Junta de Extremadura y el Gobierno central, mediante el cual este último retiraba el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el anterior gabinete, presidido por José María Aznar.
La sentencia del TC se produce, por tanto, no como respuesta al recurso gubernamental, que fue retirado, sino a consecuencia de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Dicha cuestión tiene su base en un recurso que fue presentado por una de las empresas que se consideraban afectadas por la legislación extremeña, según explicó en la misma rueda de prensa la consejera Portavoz de la Junta, Dolores Pallero.
Cabe apuntar que la ley de 2005 que deroga la de 1997 no puede ser objeto de recurso, al haber expirado los plazos para ello, aunque sí podría ser sometida a consideración del TC mediante otra cuestión de inconstitucionalidad.
CUESTIONAMIENTO A LA VOTACIÓN
En el transcurso del acto informativo, el consejero de Hacienda tildó la sentencia del Alto Tribunal de "controvertida" en su contenido y "polémica" en su votación, que fue de seis votos a favor de la inconstitucionalidad y cuatro en contra, entre estos últimos el de la presidenta.
Para la Junta la votación es polémica porque uno de los magistrados que se posicionó a favor de la inconstitucionalidad, Manuel Aragón, se mostró en su voto particular contrario a que el fallo se sustentase sobre la incompatibilidad entre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el gravamen medioambiental extremeño, a pesar de que ésta ha constituido el fundamento principal de la sentencia.
Explicó el consejero que este magistrado consideró particularmente que la incompatibilidad se producía no con el IBI, sino con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), cuestión que, apostilló el alto cargo de la Junta, no había sido planteada hasta la fecha por ninguna de las partes que han intervenido en el litigio.
Por otra parte, José Martín aludió al voto particular del magistrado Pascual Sala, en el cual, puntualiza la Junta, se pone de manifiesto el "trato totalmente distinto" que para el TC ha merecido la ley extremeña respecto a la catalana de Protección Civil, en la cual se contemplaba un impuesto de "similar construcción" jurídica.
Preguntados sobre las repercusiones de orden económico que la sentencia pudiera acarrear para la Junta, dado que la ley estuvo en vigor más de ocho años y durante ese periodo se recaudaron a las eléctricas cantidades que ahora podrían exigir les fueran devueltas, los consejeros no quisieron detenerse en este aspecto, respecto al que indicaron que se trata ésta de una cuestión que tendrá que dirimir el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
FISCALIDAD SOCIALISTA
Sí que abundaron en la dimensión política. Así, el consejero de Hacienda lo hizo al resaltar que la ley del 97 permitió a Extremadura ser "innovadora" en materia fiscal y que entre sus elementos constitutivos estaba el hecho de que se refería a "pocos contribuyentes con alto poder adquisitivo".
Por su parte, Dolores Pallero hizo hincapié en que el impuesto extremeño a las eléctricas supone "evidencia de la política fiscal que tiene un gobierno socialista", basada en el principio de que ha de pagar más "el que más tiene", apartado en el que entrarían también los bancos o aquellos que poseen solares sin edificar.
Cabe indicar en este punto que otra ley de la Administración extremeña, la que establece el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, se encuentra también en el Tribunal Constitucional.
La consejera Portavoz aseguró que la Junta "va a seguir con esa misma política fiscal", que la diferencia en sus principios de la que defiende al Partido Popular.
