MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La instalación de sistemas de energía solar que exige el Código Técnico de Edificación (CTE) encarecerá el coste de construcción de las viviendas en un 2,81%, lo que supone más de la mitad del incremento total que implicará la plena aplicación del Código (5,16%), según los cálculos realizados por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima).
La patronal de los promotores madrileños, que ha realizado el seguimiento de una promoción real de un edificio de viviendas de VPO en la Comunidad de Madrid, señala además que de las demás partidas que explican el resto del incremento, las más costosas serán la instalación de ventilación forzada, la albañilería, así como la carpintería exterior, todas ellas con un peso en el sobrecoste muy por debajo del de las instalaciones de energía solar.
De acuerdo con el incremento previsto, la partida de energía solar supondrá entre 1.600 euros y 2.200 euros adicionales en el precio de construcción, es decir, un mínimo de 16 euros y un máximo de 22 euros por metro cuadrado.
Asprima señala en su informe que estas instalaciones plantean además pérdidas de superficie en las cubiertas por la colocación de captadores de luz solar y un cuarto solar exclusivo.
La organización de promotores cuantifica estas reducciones de superficie en, aproximadamente, 200 metros cuadrados de panel por vivienda y 3 metros cuadrados de ocupación en terrazas.
OPINIONES CONTRARIAS
El delegado de zona centro del Foro de Consultores, José Luis Rodríguez, declaró a Europa Press que los costes que implica una instalación solar varían teniendo en cuenta el tipo de vivienda, por lo que son difícilmente cuantificables en términos generales.
Así, serán mayores en el caso de viviendas unifamiliares, mientras que en viviendas de altura o plurifamiliares el coste quedará "diluído".
En el caso de viviendas plurifamiliares, el impacto de estas instalaciones no superará el 1%, con lo que será "mínimo", mientras que en las viviendas aisladas, en las que la tipología de instalaciones se multiplica al tener que adaptarse a cada inmueble y no se puede llevar a cabo una instalación común, las instalaciones básicas suponen entre 4.000 y 5.000 euros, lo que sumado a otros costes indirectos implicaría una repercusión en el coste final, en opinión de Rodríguez, no superior al 5%, lo que no justificaría un incremento elevado del precio final de la vivienda.
En su opinión, las estimaciones de los promotores, que llegan a plantear incrementos en el precio final de la vivienda libre de hasta el 15%, una vez sumados gastos derivados de tasas e impuestos que se aplican en función del precio de construcción y la aplicación íntegra del CTE, son "exageradas y desmedidas".
En la misma línea, el director Técnico de Tasamadrid, Pablo Díaz Romeral, aseguró a Europa Press que el coste añadido en la instalación de sistemas de energía solar no es fácilmente cuantificable, ya que depende no sólo de la escala del edificio, sino también de su orientación.
En cualquier caso, la entidad tasadora sostiene que el sobrecoste "no es significativo", más aún cuando suele ser amortizable en unos 5 años. Además, según Tasamadrid, estas instalaciones no entrañan gran complejidad ni suponen la modificación de otras anteriores. Por otra parte, recordó que más allá de los encarecimientos iniciales requieren pocos cuidados de mantenimiento.
INSTALACIÓN OBLIGATORIA
Todas las viviendas licitadas a partir del 29 de septiembre tendrán que disponer de instalaciones de energía solar debido a la entrada en vigor del documento básico de ahorro de energía, incluido CTE.
Según el Ministerio de Vivienda, la incorporación de instalaciones solares térmicas servirá para producir un porcentaje de agua caliente sanitaria establecido entre el 30% y el 70% en función del emplazamiento del edificio y del consumo previsto.
El documento básico sobre ahorro de energía incluye otras medidas orientadas al cumplimiento de compromisos internacionales como el Protocolo de Kioto, y, en esta línea, persigue un uso racional de la energía mediante la reducción de su consumo, la limitación de las emisiones de dióxido de carbono y la utilización de las energías renovables.
Vivienda sostiene que la implantación de las exigencias energéticas supondrá un ahorro energético por edificio de entre el 30% y el 40%, y una reducción de emisiones de CO2 de entre el 40% y el 55%.
