NextEra acude a la Justicia de EEUU para conseguir la ejecución del laudo contra España por 291 millones

Publicado: jueves, 6 junio 2019 18:08

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

NextEra Energy, a través de dos filiales holandesas, ha acudido también ante los tribunales del Distrito de Columbia (Estados Unidos) para que se proceda a la ejecución del laudo arbitral que les reconoce una compensación de 290,6 millones de euros por parte de España por el recorte de las primas a las renovables.

En concreto, la compañía solicita al tribunal la confirmación del laudo por ese importe más los intereses correspondientes, según indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

El pasado mes de marzo, NextEra Energy ya informó que la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, había emitido un fallo a su favor por el recorte a las renovables aplicado en España.

El grupo estimaba que, según las reglas para fijar los daños por los que debía ser compensada, la indemnización ascendería a casi 291 millones de euros, más intereses antes y después del juicio basados en la rentabilidad del bono español a 5 años.

El Ciadi emitió el pasado día 31 de mayo su fallo sobre el procedimiento, confirmando la indemnización por esos 291 millones de euros, la más alta hasta el momento impuesta a España en los arbitrajes por el recorte a las renovables.

MÁS DE UNA TREINTENA DE DEMANDAS.

España suma más de una treintena demandas de arbitraje de inversiones ante el organismo dependiente del Banco Mundial relacionadas con las reformas energéticas de las renovables.

El Ciadi ya ha fallado hasta en cinco ocasiones, con la de NextEra, a favor del demandante. En concreto, en los casos de Masdar, perteneciente a al fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a España a pagar 128 millones de euros más intereses; el fondo Antin, con el pago de una indemnización de 112 millones de euros, y 9REN, con 41,7 millones de euros.

No obstante, en ninguno de los casos la ejecución de los laudos se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno español en procedimiento de anulación o en periodo de solicitud de rectificación.

Además, el Estado español ha sufrido otros reveses más en los arbitrajes internacionales. El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) falló a favor de Foresight Luxembourg Solar 1 SARL con una indemnización de 39 millones de euros.

Asimismo, el tribunal sueco también reconoció el pago de 53 millones de euros a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.

RESOLUCIONES EN EL AIRE.

La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC.

RECLAMACIONES POR MÁS DE 8.000 MILLONES

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros.

Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.