MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Apenas 70.000 hogares de los 1,6 millones con todos los miembros en paro, o el 4,3%, están acogidos al bono social de la luz, indica Energía y Sociedad en una nota, en la que constata el intenso debate generado en torno a esta ayuda y a su estructura y criterios de aplicación.
Energia y Sociedad ofrece este dato con motivo de un encuentro en el que reunió a la responsable de suministro de la Dirección de Regulación de Endesa, Miriam García Madruga; al miembro del departamento de Relaciones Institucionales y Prensa de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, y al responsable de Programas contra la Pobreza y Exclusión de la Cruz Roja, Fernando Cuevas, quienes pusieron en común sus respectivas visiones y propuestas de rediseño del bono social.
El actual mecanismo del bono social, vigente desde 2009, tiene como objetivo proteger a los clientes vulnerables al ofrecer un descuento del 25% en la factura eléctrica, del que se benefician 2,4 millones de hogares en la actualidad.
Una de las principales críticas que recibe este bono por parte de los diferentes agentes del sector es que no garantiza que la ayuda llegue a las personas que lo necesitan realmente, indica Energía y Sociedad.
A modo ilustrativo, Enrique García, de la OCU, puso sobre la mesa el dato de que existen 1.610.000 hogares con todos sus miembros en paro, si bien sólo 70.000 están acogidos al bono social. Además, según datos de Endesa, casi el 80% de las peticiones de ayuda a los Servicios Sociales no son beneficiarios de este mecanismo.
La cuantía de la ayuda también es motivo de discusión, al no proporcionar una solución sostenible a aquellos hogares en situación de verdadera vulnerabilidad, que no pueden afrontar ningún tipo de gasto eléctrico y quedan a expensas de la buena fe de compañías eléctricas y administraciones públicas.
La Estrategia Marco para la Unión de la Energía recomienda que la protección de los consumidores vulnerables se financie, preferentemente, a través del sistema general de protección social, como se realiza en Reino Unido o Alemania, y al contrario que en España, donde las compañías eléctricas verticalmente integradas financian este bono.
En este sentido, Miriam García Madruga, de Endesa, propuso una combinación de medidas sociales que den una cobertura adecuada al colectivo vulnerable evitando los cortes de suministro y mejoren la eficiencia energética.
En concreto, y en línea con las propuestas ya presentadas por Endesa, sugirió la creación de tres fondos: uno dirigido a los consumidores con derecho a bono social, otro para ofrecer financiación a aquellos clientes en situación de pobreza energética y un tercero dedicado a impulsar medidas de mejora de la eficiencia energética de los clientes en situación de pobreza energética. Estos fondos estarían financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado -los dos primeros- y al Fondo Nacional de Eficiencia Energética -el tercero-.
REFORMA DE LA AYUDA.
Por otro lado, los participantes coincidieron en afirmar que para garantizar el correcto funcionamiento del bono social, es indispensable desarrollar una reforma que asegure que este mecanismo alcanza a los consumidores más vulnerables. Para ello, a corto plazo, todos concluyeron que es fundamental redefinir adecuadamente el concepto legal de "consumidor vulnerable".
En concreto, Enrique García propuso una reforma del bono social basada en la renta y el patrimonio de los consumidores utilizando, para ello, indicadores como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Asimismo, subrayó la conveniencia de incrementar el rol de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos en el proceso de asignación de ayudas, al ser conocedores de primera mano de la situación económica real de los hogares de sus municipios.
Por último, señaló que el actual panorama laboral, en el que abundan los contratos temporales y la precariedad, requiere de un nuevo bono social más ágil que se adapte a este contexto.
16.6887 ATENDIDOS POR CRUZ ROJA.
Por su parte, Fernando Cuevas, de Cruz Roja, explicó que esta organización ha atendido a 16.887 personas en situación de pobreza energética en 2015, ya sea directamente, mediante el pago de sus facturas, o ayudando a optimizar su consumo, y resaltó la necesidad de un mayor diálogo y coordinación entre las diferentes partes implicadas.
Además, propuso el desarrollo de medidas complementarias al bono social, como la formación de los consumidores mediante talleres de eficiencia energética y el uso de dispositivos de ahorro eléctrico.
PRECIO DE LA LUZ.
Por último, en la ronda de debate posterior a las ponencias, se analizó el problema del alto precio de la luz. Entre los distintos planteamientos para mitigarlo, se propuso traspasar aquellos conceptos de la factura eléctrica que no estén ligados al suministro a los Presupuestos Generales del Estado.
Este abaratamiento contribuiría a lograr una electricidad más accesible para los ciudadanos de menor capacidad adquisitiva y en especial, para los colectivos más vulnerables.
