ZARAGOZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza absolvió al auditor de Ernst & Young, Benicio Felipe Herranz, y a los ex directivos de la agencia de valores AVA, Enrique Coronado, Juan José Camacho, Pilar Barrio y Gonzalo Marqués, de sendos delitos societarios y de insolvencia punible.
El tribunal que preside el magistrado Julio Arenere resolvió de este modo la pieza separada de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional a raíz de la quiebra de esta agencia radicada en Zaragoza, en 1998.
La fiscal y la acusación particular pretendieron demostrar que los ex directivos, con la ayuda del auditor, consignaron en la contabilidad de AVA relativa a 1996 datos contables falsos, lo que encaja con el delito societario tipificado en el artículo 290 del Código Penal, relativo a las personas que falsean las cuentas anuales o cualquier documento de una sociedad para causar un perjuicio económico, lo que conlleva penas de uno a tres años de prisión y una pena multa de seis meses a un año.
La insolvencia punible alude al artículo 261 del Código Penal y sanciona, con penas de uno a dos años de prisión y una pena multa de seis meses a un año a las personas inmersas en un procedimiento concursal de pago de deudas que falseen datos sobre el estado contable de la empresa que tiene la deuda.
Otro delito que la acusación particular atribuía a los acusados era uno de insolvencia punible por el artículo 260 del Código Penal, que se aplica si en el falseamiento de los datos contables ha habido dolo, esto es, intención de causar daño a los afectados.
En su sentencia, el tribunal se remite al informe de los interventores que evaluar la suspensión de pagos que firmó Juan José Camacho en 1998. Estos interventores declararon ante el juez, la semana pasada, que no apreciaron datos falsos en la contabilidad de AVA de 1996, la que ha motivado el juicio.
Además, el tribunal estima que para condenar por la existencia de dolo sería necesario que los ahora absueltos hubieran tenido intención expresa de provocar la situación de insolvencia de AVA, no que no les importara.
Las defensas de los imputados estaban formadas por los letrados Enrique Trebolle, en representación del ex-consejero delegado, Enrique Coronado; José Luis Martín (por Juan José Camacho); Leandro Ubieto (por Pilar Barrio); Eduardo Olano (por Gonzalo Marqués) y Esteban Mestre (por Benicio Felipe Herranz).
El caso AVA, que ahora se encuentra únicamente en la Audiencia Nacional, llegó a los tribunales después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) interviniera AVA en 1998, cuando el banco Socimer International Bank Limited, radicado en la ciudad de Nassau, capital de las Islas Bahamas, quebró.
Coronado y los restantes miembros del Consejo de Administración de AVA, en aquella época, habían depositado fondos de miles de inversores privados de Aragón y otras comunidades españolas en Socimer, realizando operaciones de alto riesgo financiero que reportaban beneficios superiores a los que ofrecen numerosas agencias de valores.
Cuando la crisis de los mercados bursátiles asiáticos llevó a Socimer a la quiebra, AVA presentó suspensión de pagos, al perder gran parte de su capital, lo que derivó en una querella de numerosos inversores, que llegó a la Audiencia Nacional y de la que, en su día, se separó la causa recién resuelta en la Audiencia Nacional.
