VALENCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de instrucción número 6 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra la excúpula directiva de Ruralcaja por un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de insolvencia punible por el trasvase de 3 millones de euros que la entidad bancaria ordenó entre dos mercantiles del mismo grupo para poder satisfacer parte de una deuda.
La acusación se dirige, como autores principales, contra al expresidente de Ruralcaja Eduardo Ferrer; al exvicepresidente José Montoliu; al ex director general de la entidad, Juan José Arrieta; José Virgilio Garzón, director de la sucursal que concedió el préstamo, y al legal representante de Cosesa y Afrepark, Pascual Serrano.
Además, como responsables civiles subsidiarios, contra Cajamar, entidad en la que se integró la antigua Caja Rural del Mediterráneo (Ruralcaja).
El juzgado fija fianza de responsabilidad civil por una cuantía de 400.000 euros para todos los acusados contra los que se abre el juicio oral, de forma conjunta solidaria. Asimismo, se señala la Audiencia Provincial de Valencia como órgano competente para conocer y fallar sobre la causa y, por tanto, a ella se remitirá una vez concluida la instrucción.
El auto de apertura coincide en el tiempo con el escrito de calificación del Ministerio Fiscal en el que se solicita para los acusados 4 años y seis meses de cárcel por los mismos delitos y una fianza de 400.000 euros, han informado fuentes jurídicas.
La causa se remonta a 2007, cuando unas 20 personas suscribieron un contrato con la entidad Afrepark S.L. --perteneciente al grupo Cosesa-- para la compraventa de unas plazas de garaje ubicadas en la calle Jesús. Para ello, los compradores entregaron ciertas cantidades de dinero, aunque las obras no se hicieron.
Afrepark entró en concurso de acreedores y durante su tramitación el administrador concursal alertó de un posible fraude en el traspaso de 3.040.000 euros entre las cuentas de Afrepark y Cosesa para que ésta última cancelara una deuda con el banco.
Tras enterarse de esta premisa, los compradores presentaron una denuncia ante el juzgado en la que alegaron que esta "fraudulenta" disposición supuso un "evidente perjuicio económico" para ellos, ya que con ello se vació de recursos el préstamo hipotecario que había sido concedido por la entidad a Afrepark para la ejecución del aparcamiento.
Según alegó la acusación particular, esta operación de traspaso supuso un "beneficio" para Ruralcaja, que cobró 3.040.000 de euros, que en otro caso tendría que haber reclamado en un procedimiento concursal, siendo además un crédito ordinario y sin garantía real, por lo tanto, "sin privilegios dentro de la masa".
Asimismo, con relación a Cosesa, consideran que la presunta apropiación del dinero supuso un beneficio consistente en reducir sus deudas con acreedores externos y, con ello, poder proponer y conseguir un convenio concursal con sus acreedores que se aprobó en diciembre de 2009.
Con respecto a Afrepark, esta disposición significó "una descapitalización total y un vaciamiento de su dinerario, lo que le impedía acceder al cumplimiento de sus obligaciones y ello con independencia de que pudiera o no tener una viabilidad económica en situación de concurso de su matriz determinó la imposibilidad de continuar con la actividad".
Esta operación "fraudulenta", en definitiva, "supuso un irreparable perjuicio para los denunciantes que perdieron el dinero entregado, no se les entregó el aparcamiento adquirido y se vieron relegados a meros acreedores del concurso presentado por Afrepark", argumentan.
DECLARACIONES
El ex director general de Ruralcaja Juan José Arrieta declaró ante el juez que no tuvo conocimiento "ninguno" de la transferencia entre cuentas hasta que se iniciaron las diligencias judiciales, y que fue la comisión ejecutiva la que autorizó la misma "por entrar en mora todo el grupo Cosesa" y presentar un concurso de acreedores.
Por su parte, Serrano expuso en su declaración que él no había autorizado al banco traspasar el dinero entre las cuentas; asimismo, el que fuera director de la oficina aseguró que él no tomó la decisión de este traspaso y dijo que era algo que "venía de arriba"; y, por último, un experto bancario aseveró que él tampoco intervino en este procedimiento y apuntó al consejo rector.
