MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno estudiará la posibilidad de comprar o financiar, total o parcialmente, la deuda de los afectados de Fórum Filatélico, S.A., de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y de Arte y Naturaleza Gespart, S.L. para sustituirles como acreedores en el procedimiento concursal.
Así se lo pedirá la Comisión de Economía del Congreso, que este miércoles aprobará una proposición no de ley pactada entre UPyD y el PP que también apoyan PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU, emplazando al Ejecutivo a "valorar la situación de los afectados" por esta estafa y a estudiar la posibilidad de "adquirir o financiar total o parcialmente la deuda de los afectados, teniendo en cuenta las cuantías eventualmente recuperables en los procedimientos concursales".
"Nosotros seríamos partidarios de la opción generosa, de que se adquiera esta deuda más total que parcialmente, pero esta iniciativa no es para desgastar al PP sino para facilitar una solución", ha explicado el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, valorando el consenso alcanzado.
OCHO AÑOS ESPERANDO
Y es que el medio millón de familias afectadas lleva más de ocho años esperando a que se resuelva el concurso de acreedores de estas empresas, que "defraudaron" unos 4.800 millones de euros sobre todo a "pequeños ahorradores". "Este caso no está recibiendo toda la atención que merece porque nos estamos acostumbrando a que un escándalo tape a otro escándalo y una estafa tape otra estafa", ha lamentado Anchuelo.
Sin embargo, la formación magenta considera que "sí existe una corresponsabilidad de los poderes públicos" porque los ciudadanos afectados tenían derecho a contar con que existía un mínimo control que evitara esta estafa.
Además, ha recordado que por razones mucho menos justificable se ha rescatado a otros particulares, como es el caso de los inversores del almacén de gas Castor, y ha señalado que hasta 16 parlamentos autonómicos --entre ellos el madrileño hace un mes y el castellano-manchego hace una semana-- han aprobado iniciativas similares a la suya.
"Pedimos una solución y que se evalúe la propuesta de los afectados, dando pie a una negociación. Creemos que su propuesta es perfectamente asumible", ha añadido Anchuelo, que originalmente planteaba que fuera el ICO el que adquiriera su deuda y se convirtiera en acreedor en el proceso concursal.
ESTAFADOS Y ENGAÑADOS
Igualmente, el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, cree "razonable" esta propuesta porque la solución del problema aún puede dilatarse hasta una década, y ha señalado que los "estafados" se sienten además "engañados" porque el PP "ha pasado de prometerles todo en la oposición a la nada" en el Gobierno. "Hoy se da un tímido pasito chiquitito, y espero que no sea meramente formal. Confiamos en que esto sea el inicio de un compromiso para dar una solución a estas familias", ha deseado.
El portavoz de Economía de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, también cree que es necesario "tomar medidas políticas para resolver una cuestión que afecta a gente en situación de amplia indefensión" y que además sufre una "diferente vara de medir" y una "discriminación" con respecto a otros afectados por problemas financieros.
Por parte de CiU, Inmaculada Riera ha lamentado que tras casi nueve años "no se vea una solución en el horizonte" a este problema y ha reclamado al Gobierno que "encuentre una solución en el breve plazo".
VOLUNTAD DE SOLVENTAR LA SITUACIÓN
El 'popular' Rogelio Araújo ha recordado que esta situación es "heredada" de la "mala gestión" del anterior Gobierno socialista, que no aprovechó los años en los que aún no había crisis para resolverlo, y ha destacado la "voluntad" del PP y del Gobierno de "buscar una solución a la terrible situación" de los afectados por esta estafa.
"La voluntad que se impone hoy es de solidaridad, de consenso y de intentar una medida positiva que salvaguarde de una vez por todas las posición de esos afectados", ha añadido el diputado, que explica que aunque coincide en gran parte con la petición original de UPyD, su "obligación" es "no crear falsas expectativas a los afectados, que ya bastante han tenido", y ofrecerles una propuesta "muy clara" para "indicar al Gobierno que busque una solución lo más factible posible dentro de la legalidad".
