MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá el jueves en el Pleno del Congreso su petición al Gobierno de que retire el proyecto de ley que modifica la Ley de Sociedades de Capital, una norma que ve "absolutamente decepcionante" porque sólo pretende "proteger a las oligarquías que controlan" este tipo de sociedades y, por ende, el "status quo del capitalismo español".
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Izquierda Plural reprocha que el Ejecutivo "no duda en cercenar derechos de los socios so pretexto de la eficacia" en la gestión de las sociedades de capital y además "debilita los derechos" de las minorías, "abandonando tradiciones bien consolidadas" como la posibilidad de impugnar acuerdos sociales adoptados con infracción del derecho de información.
Y es que incumplir la obligación de información sólo dará derecho al accionista a exigir una rectificación y reclamar daños y perjuicios, pero no a impugnar el acuerdo de la Junta General, lo que "abre la puerta a que ocurra algo tan inaceptable como que se adopte un acuerdo a ciegas".
Además, la norma "crea un espacio de impunidad de los administradores, que podrán no responder por el daño causado por sus decisiones empresariales", lo que deja espacio a la "arbitrariedad" y además responde a una "concepción añosa y desfasada" de la organización de este tipo de sociedades, ya que sus acciones no sólo repercuten en sus accionistas sino también en el conjunto de la economía y la sociedad, algo que a juicio de IU-ICV no se tiene en cuenta.
FALTA ASPECTOS "IMPRESCINDIBLES"
La Izquierda Plural también considera que faltan aspectos "imprescindibles" en este proyecto de ley, como por ejemplo medidas para impulsar de forma decidida el acceso a la mujer a puestos de alto nivel, que se quedan en "disposiciones voluntaristas"; ni tampoco se regula la "necesaria" participación de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales estratégicas.
"No menos importante, no se aborda una cuestión fundamental como es articular límites a las retribuciones de administradores y personal ejecutivo, y revisar la estructura de las mismas para evitar efectos perversos al incentivar la toma de decisiones arriesgadas que les beneficien personalmente si hay resultados positivos, pero cuando no lo son repercuten negativamente en los accionistas, trabajadores y el conjunto de la economía", añade la enmienda.
Y es que en el texto se estipula que las juntas generales deberán votar cada tres años como máximo un informe vinculante de retribuciones de sus consejeros, que contendrá el importe máximo anual de la remuneración según su condición y el tope máximo de la retribución fija de los ejecutivos, debiendo ser siempre razonables según la situación económica de la sociedad y las responsabilidades de cada cargo.
Sin embargo, el Gobierno cree que "la solución eficiente no pasa por determinar el esquema retributivo de forma imperativa por la ley o los poderes públicos, ya que esto sería ineficiente desde el punto de vista económico". "La solución elegida consiste en establecer un marco normativo que garantice la transparencia de las retribuciones y facilite su control y aprobación por parte de los propietarios del capital", se explica en la memoria normativa que acompaña al proyecto de ley.
Finalmente, la coalición recrimina al Gobierno la "deficiente técnica jurídica" que supone establecer a través de una ley no orgánica la regulación de las asociaciones específicas y voluntarias que los accionistas de cada sociedad podrán constituir para ejercer la representación en las Juntas.
