MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Economía, Industia y Competitividad, ha sometido a consulta pública el anteproyecto de ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que contempla un aumento de la vigilancia para los ciudadanos españoles con responsabilidad pública.
Actualmente, las personas con responsabilidad pública extranjeras son sometidas a un seguimiento especial por parte de las entidades financieras, mientras que respecto a las nacionales se establece un enfoque caso por caso, dependiendo del producto que se contrate.
Con la nueva norma, que es una transposición parcial de la directiva europea sobre el mismo tema, se unificará el criterio para extranjeros y nacionales con responsabilidad pública, de forma que todas estas personas pasarán a considerarse como de alto riesgo.
Esta norma afectará tanto a personas que desempeñen responsabilidades públicas y a los que lo hayan hecho, según han explicado fuentes del Ministerio, que no han especificado, sin embargo, el número de personas que pasarían a estar más controladas, aunque sí han aclarado que el concepto de persona de responsabilidad pública no se amplía.
El objetivo de este anteproyecto de ley, que modifica la norma anterior, es evitar que los fondos de procedencia ilícita entren al sistema financiero generando "obstáculos" para ello, han explicado las mismas fuentes.
Se trata de una norma que traspone una directiva europea, si bien las mismas fuentes han explicado que la mayor parte de la misma, en torno a un 80% o 90%, ya está en vigor en España, porque el país incorporó las recomendaciones que hizo al respecto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2012.
Además, el anteproyecto contempla un aspecto que no está incluido en la directiva, que es la revisión del contenido y de los usuarios del fichero de titularidades financieras, la base de datos en la que constan las cuentas corrientes abiertas en entidades financieras en España, que se actualiza mensualmentae y a la que se incorpora un nuevo producto, que son las cajas de seguridad.
Asimismo, se revisa el régimen de sanciones en el caso de incumplimiento de estas normas, desde la actual cifra del 5% del patrimonio neto de la entidad hasta el 10% del volumen de negocio consolidado del grupo.
