MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley en Materia de divulgación de información no financiera, que supone la trasposición de la Directiva europea sobre la misma materia, con la que se pretende aumentar la información no financiera que aportan las grandes empresas en sus cuentas anuales.
Concretamente, se trata de la información relativa a cuestiones sociales, medioambientales, de recursos humanos, de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción que aparece en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas de las grandes empresas.
Esta norma atañe a compañías grandes con consideración de entidad de interés público, según ha explicado el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en un comunicado.
Es decir, aquellas en las que el número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y que durante dos años consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.
La información hará referencia a las medidas adoptadas para promover la igualdad de género, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.
En lo que se refiere a cuestiones medioambientales, las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente, salud y seguridad, uso de la energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo del agua y contaminación atmosférica.
En materia de derechos humanos, el estado de información no financiera debería incluir información sobre los impactos potenciales y reales de la actividad de la empresa al respecto, así como las disposiciones aplicadas para impedir los abusos y medidas para mitigarlos, gestionarlos y repararlos.
En relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, las empresas deberán incluir información sobre los procedimientos y recursos de control interno dedicados a prevenir estas conductas.
Para las sociedades anónimas cotizadas se exige, además, que incluyan dentro del informe anual de gobierno corporativo las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista aplicados en la elección de su consejo de administración, concretamente, las relativas a edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.
