Un Juzgado condena a Popular por no ofrecer información correcta a un accionista en la ampliación de 2016

Banco Popular
AGUSTÍN IGLESIAS - Archivo
Publicado: jueves, 4 octubre 2018 18:27

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Banco Popular contra la sentencia dictada el pasado 2 de mayo por un Juzgado de Primera Instancia en el que se aceptaba la demanda formulada por un afectado en la compra de acciones de la ampliación de capital del banco de 2016.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ratifica así la nulidad del contrato de adquisición de 9.841 acciones por valor de 12.301,25 euros el 20 de junio de 2016 por el demandado, condenando a Popular a la restitución del importe invertido en la compra de dichos títulos con intereses legales desde la fecha de suscripción y de las costas procesales causadas.

La Justicia ha determinado así que existió, por parte de la persona afectada, "un error excusable" sobre los elementos esenciales, al apoyarse para formar su declaración negocial en una situación de apariencia de solvencia que no era real e incluso en la "esperanza" de una rentabilidad futura que, como se ha visto, no sólo no aconteció, sino que además produjo una pérdida total de la inversión.

Así, Banco Popular no cumplió con el deber de información de modo "claro, real y completo" sobre su situación económica. Según el resultado pericial, la información ofrecida era "sesgada", ya que omitía la parte inmobiliaria, con manipulación de los ratios de rentabilidad y falta de examen en los datos contables.

El banco admitía en su folleto de emisión un posible escenario de incertidumbre durante el ejercicio 2016 que podría dar lugar a provisiones o deterioros de unos 4.700 millones de euros con pérdidas contables de unos 2.000 millones de euros. No obstante, la entidad aludía que dicha situación se normalizaría pasado el año y aseguraba rentabilidad y generación de capital futura.

"A partir de 2017 seremos capaces de acelerar gradualmente el retorno a una política de dividendos en efectivo para nuestros accionistas, mientras continuamos reforzando nuestros ratios de capital", indicó entonces Banco Popular.

Sin embargo, mientras que en el primer trimestre de 2016 las ganancias eran de unos 93,6 millones, a 31 de diciembre del mismo año tenía pérdidas del entorno de 3.485 millones de euros y a 30 de junio de 2017 ascendían a más de 12.218 millones de euros.

DEBACLE BANCARIA

Aun cuando se partiera de la hipótesis que los problemas fueron de liquidez por la enorme retirada de fondos del mes de junio del año pasado, ello no explicaría totalmente que en un año afloraran pérdidas por valor de más de 12.183 millones de euros (12.218 menos 35 millones), un incremento de más del 34.800%.

"Ello pone de manifiesto que no había sólo un problema de liquidez sino realmente de solvencia, pues de haber existido un problema únicamente de liquidez se habrían admitido por los organismos europeos las garantías que ofrecía para obtener esa liquidez, lo que no hicieron", reza la sentencia.

Esta situación, finalmente, implicó a la postre la pérdida total del valor de las acciones, su traspaso al Banco Santander por un euro, que tuvo que realizar por su parte una ampliación de capital por valor de 7.000 millones de euros, vendiendo a la baja parte importante de los activos inmobiliarios heredados de Popular.

Por tanto, no se considera explicable que, de ser reales las cuentas presentadas, se pudiera en tan escaso margen de tiempo producir tal debacle bancaria, sino que obedeció a un deterioro progresivo que se venía arrastrando con anterioridad.

En este sentido, Patricia Suárez, la presidenta de Asufin, asociación que está personada en la causa, ha celebrado la decisión de este Juzgado. "Muchos afectados habían ganado en instancia, pero que los magistrados consideren que Banco Popular no ofreció una correcta información, abre la vía a que puedan recuperar su dinero todos los que lo perdieron", ha explicado.

Esta noticia ha coincidido con la decisión del juez Andreu de levantar el secreto de sumario a la documentación del Banco Central Europeo (BCE) por el interés que conlleva. "Esa información será muy útil para los procesos", ha aseverado Suárez.