Cree que "desincentivan" las reclamaciones de los consumidores y "respaldan los abusos de la banca"
MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La OCU considera que la nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre el reparto al 50% de la mayor parte de los gastos de formalización de una hipoteca, los de notaría y gestoría, y de la comisión de apertura supone "un duro golpe" a los consumidores "en beneficio de los bancos".
Después de que la sala de lo civil del Supremo, a raíz de una demanda de la organización de consumidores, estableciera "nulo y abusivo" que los bancos impusieran a los clientes la totalidad de los gastos, las sentencias hechas públicas este jueves han determinado el reparto.
Así, los consumidores solo podrán reclamar ahora la mitad del coste de la formalización de los créditos hipotecarios que firmaron en su día, excluido el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), a pesar de que, según recuerda la OCU, el Supremo "reconoció que los bancos son los únicos beneficiados por la constitución y registro de las escrituras de préstamos hipotecarios".
Respecto a la comisión de apertura, ya no se podrá reclamar, lo que supone un criterio "mucho más perjudicial" que el que se acordó en el Congreso en el marco de la tramitación de la nueva ley hipotecaria, que dictaminó que para las nuevas hipotecas --constituidas desde el 10 de noviembre-- el consumidor solo deberá hacer frente a los gastos de tasación.
Para la OCU, las últimas sentencias "desincentivan" las reclamaciones de los consumidores y "respaldan los abusos de la banca", ya que la vía judicial supone "elevados costes y enormes retrasos", sobre todo porque los bancos "no aceptan las reclamaciones" y "todas" las llevan a juicio, algo que "revela su abuso de poder".
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial aportados por la OCU, las entidades pierden el 98% de las demandas, pero consiguen frenar a muchos consumidores a reclamar judicialmente la devolución de las cantidades pagadas. Por ello, la organización de consumidores exige medidas para que los bancos acaten las reclamaciones sin tener que recurrir a la vía judicial.
