Lamenta que el Gobierno apruebe sin consenso internacional estos impuestos
MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
CEOE ha cuestionado este lunes la "decisión unilateral" del Gobierno de aprobar el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), ya que en ambos casos sería deseable que existiera un consenso internacional al respecto, y ha advertido de que supondrán un freno para la inversión internacional.
Según CEOE, la introducción del Impuesto sobre Transacciones Financieras, también conocido como 'tasa Tobin', de manera unilateral en España se opone a todos los principios enunciados por la Comisión Europea en cuanto a la necesidad de armonización de cualquier imposición de las transacciones financieras.
La introducción de este impuesto no solamente es contraria a la construcción de un mercado financiero único dentro de la UE, conforme a los principios marcados por la Comisión Europea, sino que supone también, según la patronal, el abandono de la posición cooperativa que España había venido manteniendo al respecto.
Según los empresarios, la creación de un impuesto nacional sobre transacciones financieras encarecerá el coste de acceso a los mercados de capitales de las empresas españolas y dificultará la gestión de los riesgos financieros. Por tanto, tendrá un "impacto negativo" sobre la economía, el crecimiento y el empleo.
BARRERA A LA INVERSIÓN
CEOE estima que, en un contexto como el actual, en el que se están adoptando todas las medidas necesarias para crear un mercado de capitales único en la Unión Europea, el establecimiento de este gravamen a nivel nacional supondrá una "barrera de entrada" que reducirá de forma significativa la capacidad para atraer inversión extranjera.
Además, afirma que este impuesto afectará negativamente al ahorro, perjudicando no sólo al pequeño inversor sino también a todos los que suscriban fondos de inversión colectiva y/o fondos de pensiones para su jubilación.
Con respecto a la tasa digital, para CEOE, en una economía globalizada, cualquier nuevo impuesto a las empresas debe acordarse a nivel internacional a través de la OCDE, con el fin de alcanzar un consenso y una solución globalmente aplicable, "no una específica para España".
Según el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, este tipo de medidas conlleva no solo el "peligro de deslocalización", sino de "falta de atractivo" para que las inversiones de fuera vengan a España. "Deberíamos crear una pista de aterrizaje para conseguir que vengan las empresas, ser un país atractivo en materia de digitalización y no quedarnos fuera del mercado", subrayó.
En este sentido, la CEOE recuerda que las diferentes propuestas unilaterales para un impuesto sobre determinados servicios digitales (Italia, Francia o España) han contribuido a acelerar el debate tanto en la UE como en la OCDE. Además, considera que se si se introduce un nuevo impuesto, debe estar respaldado por el necesario análisis de "impacto exhaustivo" antes de su aplicación.
"Este debería incluir también la correspondiente evaluación del impacto en el mercado interior de la UE, tanto a nivel europeo como nacional, así como para el comercio, las pymes y empresas emergentes, los precios al consumidor, el empleo, la inversión (especialmente en innovación e I+D), entre otros", subraya la patronal.
