BRUSELAS, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha abierto este jueves un expediente a Austria por la ley que indexa las prestaciones y desgravaciones fiscales de las que se benefician familias con hijos que residen en otro país de la UE al nivel de vida de este segundo Estado miembro, una norma que provoca que reciban menos transferencias únicamente por este hecho.
Según el Ejecutivo comunitario, se trata de una "discriminación" porque significa que muchos ciudadanos de la UE que trabajan en Austria y contribuyen a su régimen fiscal y de seguridad social "del mismo modo que los trabajadores locales" recibirían menos prestaciones.
Además, Bruselas remarca que el hecho de que un Estado miembro tenga un coste de vida inferior al de Austria "es irrelevante" para una prestación cuyo importe se paga a tanto alzado y no está vinculado a los gastos reales que ocasiona el mantenimiento de un hijo.
Cualquier reducción de las prestaciones únicamente porque los hijos residan en el extranjero "infringe las normas de la UE en materia de seguridad social" y el principio de igualdad de trato de los trabajadores que sean nacionales de otro Estado miembro por lo que se refiere a las ventajas sociales y fiscales, ha denunciado la Comisión Europea.
"En la UE no hay trabajadores de segunda clase. Si los trabajadores desplazados cotizan a un régimen de seguridad social del mismo modo que los trabajadores locales, deben percibir las mismas prestaciones, incluso cuando sus hijos vivan en el extranjero. En la UE no hay hijos de segunda clase", ha enfatizado la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, sobre la norma que Viena aplica desde el pasado 1 de enero.
Bruselas ha enviado a las autoridades austriacas una carta de emplazamiento, que el primer paso de un procedimiento de infracción que podría desembocar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si Viena no soluciona las deficiencias detectadas.
Austria dispone ahora de un plazo de dos meses para contestar a las autoridades europeas antes de que éstas decidan dar el siguiente paso: el envío de un dictamen motivado que sirve de última advertencia antes de elevar el caso a la Justicia europea.
