MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ejercicio 2018 fue el tercero de la democracia en el que se aprobaron más reales decretos-leyes, con un total de 28, sólo superados por los años 2012 (29 Reales Decretos) y 1978 (37), según el informe 'La producción normativa en 2018' elaborado por el Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos de CEOE.
El objetivo de este informe anual, que la patronal publica desde hace varios años, es "hacer más visible la dedicación y esfuerzo que supone para el empresario estar al día de toda la legislación vigente".
De acuerdo con este informe, en 2018 se aprobaron 588 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, un 13,7% más que en 2017. No obstante, el registro de 2018 es uno de los más bajos de la serie histórica, sólo comparable a los dos ejercicios precedentes, 2016 y 2017, así como al año 2012.
Esta cifra se explica, según la CEOE, por una legislatura que ha tenido un arco parlamentario "bastante heterogéneo" y por el cambio de Gobierno que se produjo a principios de junio tras la moción de censura.
Las normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobadas por las comunidades autónomas y recogidas en el propio Boletín Oficial del Estado (BOE) ascendieron a 271 en 2018, un 7,1% más que en 2017.
Las páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico superó holgadamente el millón. En concreto, los boletines de las comunidades publicaron 709.513 páginas, un 4% más que el año anterior, y en el del Estado 207.163, un 7,1% menos que en 2017.
En la Unión Europea, el número de actos jurídicos adoptados en 2018 ascendió a 1.902, distribuidos en 813 reglamentos, 43 directivas y 1.046 decisiones. Comparado con la actividad normativa del año anterior, se registró un descenso del 9,3%.
CEOE considera que el marco normativo español se caracteriza por una "elevada densidad y complejidad", lo que origina "distorsiones" en el mercado y muchos obstáculos burocráticos y cargas administrativas para los operadores económicos, "afectando especialmente a la unidad de mercado".
"La regulación existente y con la que deben cumplir las empresas españolas es elevada y, en no pocas ocasiones, injustificada, desproporcionada y discriminatoria. Esta situación provoca que las empresas deban destinar notables recursos a cumplir con toda la normativa vigente, lo que erosiona su competitividad, y desincentiva, lastra o imposibilita la tarea de incrementar su productividad", se queja la patronal.
