De la Vega asume que el Gobierno "tiene una deuda" con los funcionarios por la rebaja salarial de este año
MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros la reducción del 8% al 5% del máximo de vacantes que pueden tener los departamentos y organismos de la Administración General del Estado, con el fin de seguir "conteniendo y controlando" el gasto público.
"Mantenemos y reforzamos, por tanto, la austeridad y la eficiencia de la Administración, y a la vez el proyecto y el objetivo de la modernización del servicio público", explicó en su comparecencia en la Comisión Constitucional en el Congreso para informar sobre el plan de ajuste adicional, que, entre otras medidas, contempla la rebaja del 5% de media de las retribuciones de los funcionarios en 2010 y su congelación en 2011.
La vicepresidenta justificó la limitación del máximo de vacantes en la Administración para evitar "desviaciones al alza" en las masas salariales, al tiempo que adelantó que el Ejecutivo prevé aprobar la creación, también el próximo viernes, del Observatorio del Empleo Público.
Este Observatorio perseguirá diagnosticar "en profundidad" la situación del empleo en la Función Pública y determinar cómo obtener el "mejor rendimiento" del personal de la Administración. Así, defendió esta iniciativa, al asegurar que cuenta con el respaldo de las comunidades autónomas y los agentes sociales. "El Observatorio permitirá mejorar y modernizar con criterios de homogeneidad la Administración", afirmó.
De la Vega aprovechó su comparecencia en la Comisión Constitucional para anticipar que el Gobierno presentará en el próximo periodo de sesiones la Ley de Función Pública de la Administración General. Una norma que, según indicó, "pondrá las bases" para la Administración del "nuevo siglo", con el incentivo al trabajo productivo y eliminando desigualdades y rigideces retributivas.
En cuanto al recorte del salario de los empleados públicos, la vicepresidenta volvió a admitir que se trata de una medida "difícil de adoptar y de aceptar", si bien lo defendió ante la presión de los mercados internacionales sobre la deuda pública de algunos miembros del euro, pese a que supuso la suspensión del Acuerdo de la Función Pública firmado entre el Ejecutivo y los sindicatos el pasado 25 de septiembre, que contemplaba una subida salarial del 0,3% para este año y una cláusula de revisión salarial.
SUPRESIÓN ACUERDO SALARIAL.
"Es verdad que el Gobierno ha presentado modificación del acuerdo (del 25 de septiembre). Lo hemos hecho, pero porque se ha producido una situación claramente excepcional, imprevisible, implanteable", argumentó, para después asegurar que el Gobierno, junto al consenso de la UE, respondió con "celeridad" ante los rumores que cuestionaban las finanzas públicas. "No fue una respuesta improvisada, sino de reflejos", remarcó.
De la Vega, quien reiteró que la rebaja salarial a los funcionarios es "provisional y temporal", recurrió al artículo 38 del Estatuto Básico del Empleado Público para avalar la decisión del Ejecutivo. "La situación excepcional, de interés público y de alteración sustancial de las circunstancias económicas se cumplen para suspender el acuerdo alcanzado con los sindicatos", explicó.
Eso sí, no quiso dejar pasar la oportunidad para recordar que en los primeros cuatro años de legislatura de Zapatero el poder adquisitivo de los funcionarios aumentó un 5%, "prácticamente" el mismo porcentaje perdido durante la etapa de Aznar.
DEUDA CON LOS FUNCIONARIOS.
La vicepresidenta reconoció que el Gobierno "claro" que tiene una "deuda" con los funcionarios, y confió en que "pronto" puedan recuperar su poder adquisitivo una vez se consolide la recuperación. "En cuanto la situación económica sea favorable, cumpliremos como los hemos hechos en años anteriores", confió.
Por su parte, el diputo del Grupo Popular Miguel Barrachina reprochó a De la Vega que la decisión de reducir el salario público y la congelación de las pensiones, otra de las medidas del plan de ajuste adicional, "no son compartidas" por el resto de la UE, tal y como defendió en su comparecencia la 'número dos' del Ejecutivo.
"Sólo Irlanda, Grecia y Rumanía han aplicado recortes salariales parecidos a España", aseguró, para más tarde denunciar que el número de empleados públicos en esta legislatura se incrementó en 215.200 personas, mientras que otros países como Portugal o Francia redujeron sus plantillas públicas en 73.000 y 100.000 empleados, respectivamente.
"El descontrol absoluto en el gasto ha agravado la crisis en España", cargó el diputado 'popular', a lo que añadió: "España es el único país de la UE que durante la crisis ha ampliado el Gobierno con una nueva Vicepresidencia", en alusión a la cartera dirigida por el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves.
Ante la acusación del diputado de ERC-IU-ICV Gaspar LLamazares del "giro" sufrido en la política social del Gobierno, De la Vega replicó que el Ejecutivo no ha cambiado "ni en objetivos, ni en filosofía, ni en ideología" y apeló a la "responsabilidad" para argumentar el plan de ajuste adicional.
Así, la vicepresidenta recordó que las medidas extraordinarias para reconducir el déficit en el marco de la Función Pública supondrán en total un ahorro de 4.500 millones de euros para todas las administraciones en los dos próximos años, y aclaró que se complementan con otras decisiones, como la reducción de la tasa de reposición al 10% y la supresión de alrededor de 100 subdirecciones generales para ahorrar ocho millones de euros.
AGUIRRE COBRA MÁS QUE ZAPATERO.
"El reto del Gobierno es promover reformas y medidas que permitan crecer de forma saneada, compatibilizando el crecimiento con la consolidación del gasto", incidió, a la vez que se congratuló del efecto de las medidas para ajustar las cuentas del Estado: "La confianza se está restaurando".
Por último, la vicepresidenta acusó al PP de "demagogia", al pedir austeridad al Gobierno pero sin aplicarla en las regiones en las que gobierna. "Se les ve el plumero", clamó, al asegurar que el sueldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es superior al de Zapatero. También aludió a la Generalitat valenciana, donde, según precisó, el gasto en personal alcanza el 39%, frente a la media del 24% de las comunidades.
"Este Gobierno ha estado a las maduras, pero también ha demostrado que sabe estar a las duras, tomando decisiones impopulares, sí, pero que los ciudadanos saben que son necesarias", valoró.
