MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó esta tarde dictamen del proyecto de Ley del Estatuto de la Función Pública, que contó con el voto en contra del Partido Popular y la abstención del PNV. El texto se remite ahora al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, defendió el proyecto en la tribuna de la Cámara Baja, recordando que este Estatuto "reconoce derechos y deberes de funcionarios, así como el derecho a la negociación colectiva en la función pública". "Hoy es un buen día para la democracia española ya que con esta norma, una serie de garantías fundamentales saldrán favorecidas", apostilló.
En este sentido, explicó que las "200 enmiendas incorporadas en las fases de Ponencia y Comisión mejoran el texto" del proyecto de Ley que, a su juicio, incorpora "compromisos fuertes para reducir la temporalidad en la función pública o las medidas de jubilación parcial, los planes de igualdad y la ejecución de que la oferta de empleo público".
Asimismo, Jordi Sevilla expresó el deseo del Gobierno "ampliar más el consenso" en la tramitación del proyecto del proyecto de Ley en el Senado. A su juicio, la "Administración Pública se encuentra en un buen momento pero se merece más".
OBJETIVOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
El Estatuto de la Función Pública, que regulará los derechos y deberes de 2,5 millones de empleados públicos, contempla ligar la retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada tasa de temporalidad en el sector público. La futura norma persigue una carrera profesional, incluir un código de conducta y reconocer el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva.
En la fase de Comisión en el Congreso, se aprobó una enmienda que afecta a la jubilación parcial, de manera que este elemento procederá, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidas en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. La posibilidad de acogerse a la jubilación parcial queda además condicionada a la propia planificación de recursos humanos y a las condiciones especiales que, en su caso, se establezca por ley.
PP CRITICA DEMASIADA ATENCIÓN A COMPETENCIAS.
El diputado del PP, Julio Padilla, aseguró que a Sevilla sólo le ha importado "preservar el esqueleto de la norma y negociar competencias", algo que según dijo, los 'populares' no comparten. "El criterio de igualdad es lo que tenía que haber importado al Gobierno y no ha sido así", subrayó.
Para el diputado de CiU, Jordi Jané, es "histórico" que se regule este estatuto. También precisó que las competencias del Estado, mediante esta norma, son limitadas en este ámbito y no exclusivas. "Hay un marco compartido de distribución competencial en materia de adquisición y pérdida de funcionarios o desarrollo de principios ordenadores, pero que lo que no son estos elementos, son competencias exclusivas donde prima el derecho catalán que marca el reciente Estatuto de Cataluña", aclaró.
ERC y PNV VEN CLAVE EL RÉGIMEN DE COMPTENCIAS.
Del lado de ERC, Jordi Ramón recordó que el respeto de las posiciones singulares del sistema institucional y del régimen de competencias es "clave para desbloquear el debate", opinión que respaldó el diputado del PNV, Emilio Olabarría, que también reprochó a Sevilla haber "olvidado" a sindicatos que no son estatales.
La diputada de IU-ICV, Isaura Navarro recordó que su grupo ha presentado al texto en comisión más de 150 enmiendas y criticó "la creación de la regulación de la figura del personal directivo" porque a su juicio, "abre una puerta clara del amiguismo" y no supone igualdad. "Rechazamos mercantilización de los servicios públicos y la temporalidad", recordó a Sevilla, al que reprochó haber "perdido una oportunidad para avanzar más" en esta materia.
Por su parte, el portavoz de CC-NC, Luis Mardones, opinó que esta ley recoge "aspiraciones de sindicatos y fuerzas representativas" así como "el derecho del ciudadano español a tener una administración concreta". Aseguró sentirse "orgulloso y satisfecho de votar favorablemente a la ley".
Desde el BNG, Francisco Rodríguez opinó que la norma "respeta básicamente" las competencias autonómicas, pero subrayó que "sería mucho mejor reforzar el criterio de administración pública como tal sin subordinación alguna a intereses privados".
PSOE: "UNA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA DEMOCRACIA".
Frente a las posiciones de los grupos de la oposición, la diputada del PSOE, Elisenda Malaret, señaló que es "un día importante porque este proyecto representa un claro y neto compromiso social", un estatuto que responde a un mandato constitucional que, según dijo, "era una asignatura pendiente de la democracia".
Finalmente, recalcó que la norma expresa "la confianza en la profesionalidad de sus empleados, y que, por ellos y con ellos se ha elaborado este estatuto ambicioso, que es fruto del diálogo social y territorial".
