MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide, tiene previsto reunirse con los tres sindicatos mayoritarios (CC.OO., UGT y CSI-CSIF), después de que estos manifestaran su intención de tomar medidas legales contra el organismo por recurrir a ETT's para elaborar encuestas y estudios estadísticos y vulnerar así la legalidad vigente, según informaron a Europa Press fuentes del INE.
Desde el INE se sostiene que se ha optado por la contratación de ETT's --aunque por el momento no se ha llevado a efecto esta práctica-- al amparo del artículo 196 de la ley de Contratos del Estado, por el que se establece que la Administración podrá celebrar contratos de servicios con ETT's en el supuesto de que se destinen a la realización de "encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos" y "sólo cuando se precise la puesta a disposición de la Administración de personal con carácter eventual".
Además, según se señala desde el Instituto, esta práctica cuenta con un informe favorable de los servicios jurídicos del Ministerio de Economía y Hacienda.
No obstante, el INE asegura que viene apostando desde el pasado año por la "estabilización del empleo", en contra de la opinión de los sindicatos, que consideraron estas contrataciones como una "apuesta por la mano de obra barata".
Así, explica que el pasado año se transformaron 1.278 empleos temporales en fijos, de una plantilla de más de 4.500 trabajadores, mientras que para 2007 se prevé el paso de temporal a fijo de otros 142 empleados, lo que permitirá acabar el año, según afirman, "prácticamente" sin contratos temporales.
No obstante, según indicaron las mismas fuentes, pese a esta apuesta, el INE sigue teniendo necesidades de personal para la elaboración de dos encuestas --Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares y la Encuesta sobre las condiciones de vida de los españoles--, que, por sus características, requieren de una "recogida de datos de corta duración".
Para la elaboración de dichas de encuestas, el INE dispuso de otras dos opciones, a parte de la contratación de ETT's, que fueron finalmente desestimadas. En primer lugar, la contratación de trabajadores fijos discontinuos, para lo que era necesaria la autorización de la Administración, y, en segundo lugar, externalizar estas tareas, lo que, según indicaron, habría sido "poco eficiente" y un "despilfarro", dado que el INE ya cuenta con los recursos materiales necesarios.
