MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) aboga por que las mutuas puedan controlar los procesos de incapacidad temporal (IT) únicamente a partir del momento en que son responsables de la prestación económica que va asociada a la baja, y también que puedan destinar el 20% de sus excedentes de gestión a reducir cotizaciones empresariales.
Así se recoge en las 18 enmiendas que la formación magenta ha presentado al proyecto de ley de mutuas, que recoge Europa Press. De este modo, en lugar de dar a estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social la capacidad de controlar las bajas desde el primer día, se retrasa esa posibilidad al "momento en que les corresponda asumir la gestión del gasto de la prestación económica".
Además, para garantizar una buena gestión de los recursos públicos, se plantea que los gastos de administración de las mutuas no puedan superar a los gastos por trabajador atendido de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Como premio por una gestión eficiente, UPyD cree que se les debería permitir destinar el 20% de sus excedentes a reducir cotizaciones empresariales, en lugar de obligarles a meterlo en la nueva reserva complementaria que deberán crear para el pago de excesos de gastos de administración, procesales o prestaciones de asistencia social autorizadas.
MEJOR GOBERNABILIDAD
En materia de gobernabilidad, el partido que lidera Rosa Díez exige delimitar el importe que puede cobrar como máximo el presidente de la Junta Directiva, y propone que "en ningún caso pueda superar en su conjunto las retribuciones del director gerente". Éste, como el resto del personal ejecutivo, no deberían poder cobrar más que sus homólogos en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, incluyendo el complemento de productividad.
UPyD va más allá y pide incluso que reglamentariamente se clasifiquen las mutuas para aplicar los mismos criterios retributivos que están vigentes para el personal directivo de las entidades públicas empresariales del Estado en términos de homogeneidad. Asimismo, se propone que las mutuas no puedan hacer aportaciones a planes de pensiones para su personal ejecutivo sin la aprobación expresa del Ministerio de Empleo.
Por otra parte, se elimina la necesidad de que haya dolo o culpa para considerar responsables mancomunados a los miembros de la Junta Directiva, al gerente o a los demás ejecutivos, y se propone un régimen de responsabilidades efectivo para los miembros de las Comisiones de Control y Seguimiento de las mutuas, de modo que se puedan "evitar casos similares a los sucedidos en las cajas de ahorro por eludir su obligación de control".
En concreto, plantean que los miembros de estas comisiones estén obligados a comunicar a los órganos competentes las acciones u omisiones que puedan dañar a la mutua, a la Seguridad Social o a los empresarios, o que sean contrarias a las normas jurídicas, los estatutos o las instrucciones de los órganos de tutela.
También deberán informar de los actos que supongan incumplir los deberes inherentes al desempeño del cargo de la Junta Directiva, del director gerente y de las personas con funciones ejecutivas. Todos ellos serán, además, responsables solidarios por falta de diligencia en su función de control por cualquier daño que se pueda producir.
Por último en este ámbito, UPyD plantea ampliar de uno a cuatro años el plazo para impugnar acuerdos contrarios a la ley, a los reglamentos e instrucciones de aplicación a la Mutua o que lesionen el interés de la entidad en beneficio de uno o varios asociados o de terceros, así como los intereses de la Seguridad Social. Y también pide que se reduzca dos a un mes el plazo para que las mutuas regularicen los pagos provisionales de prestaciones.
PRIVATIZACIÓN SANITARIA
Finalmente, para "evitar el peligro potencial de privatización encubierta del Sistema Nacional de la Seguridad Social", la formación magenta exige que las prestaciones sanitarias asociadas a contingencias profesionales sean dispensadas a través de los medios de las mutuas sólo si hay un acuerdo con el INSS o los servicios públicos de salud, y sin poder cobrar por ello.
Además, plantean que se elimine la posibilidad de que los servicios públicos de salud firmen convenios con las mutuas para realizar reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, informes o tratamientos, tal y como pretende el Ejecutivo.
Por último, se emplaza al Gobierno a presentar, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario de esta ley y, en el plazo de tres años, un informe de evaluación sobre la gestión de las mutuas para determinar si las funciones que tienen asignadas se están ejecutando "con eficiencia" en comparación con la gestión de la Seguridad Social.
De hecho, ante el temor de que se les pueda asignar la gestión de nuevas prestaciones públicas, la formación magenta también pide que se mantenga su actual nombre de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a lo largo de todo el texto del proyecto de ley.
