Rechaza que en 23 direcciones generales no sea necesario ostentar la condición de funcionario
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los cuerpos superiores de la Administración, agrupados en Fedeca, han manifestado su malestar tras conocer que el Gobierno ha excepcionado más de una veintena de direcciones generales de la condición de que su titular sea funcionario público, lo que consideran un "nuevo ataque" a la profesionalidad de la función pública.
En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles un real decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y en la disposición adicional séptima se han exceptuado 23 direcciones generales y órganos de similar rango de la necesidad de que su titular tenga la condición de ser funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1.
A este respecto, Fedeca subraya que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público solo permite exceptuar dicho principio de forma excepcional, "en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General".
La norma, además, añade que deberá "motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional".
Como en ocasiones anteriores, una vez más, Fedeca muestra su malestar por la "profusión" en la utilización de estas excepciones, por lo que puede suponer de "demostración de verdadera falta de interés de la clase política para construir un modelo de función pública profesional e independiente de indebidas injerencias políticas".
A su juicio, es "indispensable y urgente" acabar con la práctica imperante de que, al inicio de cada legislatura de cualquier color político, a modo de botín electoral, se exceptúe del requisito de ser funcionario a un número creciente de direcciones generales, que "varían en cada ocasión según los intereses partidistas del momento", para continuar con la "politización" de todos los niveles de la Administración.
De esta forma, la organización se ofrece a colaborar en esta reforma pendiente para hacer realidad la existencia de una Administración "profesional, imparcial e independiente" al servicio de todos los ciudadanos.
