29 de noviembre de 2020
21 de octubre de 2020

Gobierno y agentes sociales acuerdan que la ley de 'riders' no se ciña solo a este colectivo

Gobierno y agentes sociales acuerdan que la ley de 'riders' no se ciña solo a este colectivo
Riders - DELIVEROO - ARCHIVO

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gobierno, sindicatos y empresarios han acordado este miércoles en la mesa del diálogo social para abordar la conocida como ley de 'riders' que la normativa no se centre solo en este colectivo de trabajadores, sino que abarque a todos los falsos autónomos.

"La mesa no se va a ceñir a los 'riders', sino que se aspira a establecer una regulación para evitar la proliferación del fraude laboral a través de plataformas digitales", ha apostillado CCOO en declaraciones tras el encuentro.

Los interlocutores sociales volverán a reunirse con el Ejecutivo el próximo miércoles por la tarde con propuestas concretas. En el encuentro de hoy se ha debatido el marco general de la situación por la que atraviesan estos trabajadores y será a partir de la semana que viene cuando se debatirán las propuestas.

Desde el Ministerio de Yolanda Díaz han valorado la reunión como "muy positiva y productiva". De hecho, han apuntado que el encuentro de hoy era "distinto", ya que lo que quería el Gobierno era escuchar las diferentes alternativas y propuestas legislativas de los agentes sociales para construir a partir de esto la legislación.

La negociación sobre la nueva ley se está celebrando tan solo unos días después de que el Tribunal Supremo declarase a los 'riders' de Glovo como falsos autónomos, según lo decidió el Pleno de la Sala Cuarta, que estableció la relación existente entre los repartidores y la empresa, calificando su naturaleza de laboral, en línea con lo que han venido defendiendo Trabajo y los sindicatos.

Según el alto tribunal, Glovo es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio, al tiempo que es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad.

Para ello, explicaba el Supremo, se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador.

El pasado mes de junio el Ministerio de Trabajo y Economía Social inició la tramitación de esta nueva ley mediante su consulta pública, con el fin de regular el trabajo por cuenta propia y ajena a través de plataformas tecnológicas.

El departamento de Yolanda Díaz considera que el uso de medios tecnológicos o digitales no puede "desvirtuar" la naturaleza de la actividad prestada, ni todas las actividades prestadas con el apoyo de instrumentos digitales responden a los mismos presupuestos ni tienen el mismo objetivo.

El Ministerio siempre ha defendido que los nuevos modelos de negocio on line deben estar sometidos "a las mismas reglas" que los modelos de negocio clásicos para "equiparar" los modelos de producción clásicos o tradicionales y los nuevos modelos tecnológicos o informáticos.

De ahí surgió la necesidad, según Trabajo, de articular "de manera segura y con las certezas necesarias", una realidad económica nueva que debe garantizar la protección de quienes son trabajadores, aún cuando puedan prestar servicios de un modo que se aparta del tradicional (trabajo esporádico, sin lugar físico determinado, sin horario establecido, etc.), pero que están "sometidos al control" de la prestación y a un poder informático y tecnológico de nivel superior sobre los procesos y los resultados.

En este sentido, Trabajo asegura en el texto sometido a consulta que la cobertura y protección de las personas trabajadoras por cuenta ajena a través de estos modelos de negocio es "capital", puesto que la distinción entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia lleva consigo la aplicación de regímenes jurídicos distintos basados en el reconocimiento de situaciones subjetivas concretas.

GARANTIZAR UN SALARIO MÍNIMO Y UN TIEMPO DE TRABAJO MÁXIMO

En concreto, el departamento de Díaz quiere asegurar para estos trabajadores la garantía de un salario cuyo sueldo viene determinado por una norma legal, un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables o el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas, entre otras.

"Se trata de proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas adecuadas al fenómeno descrito aclarando la existencia de auténticas relaciones subordinadas y dependientes prestadas dentro del círculo rector y organizativo de la empresa", subraya Trabajo, que añade que la nueva norma trata también de evitar el "uso desproporcionado de soluciones judiciales a veces contradictorias", con la inseguridad jurídica y la desprotección que esto genera para los trabajadores afectados.

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