España podría tener que pagar 134.000 euros por cada día que no aplique la sentencia europea que obliga a liberalizar el sector
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado este lunes que el Gobierno protegerá "al máximo" los puestos de trabajo y los derechos laborales de los estibadores durante el proceso de liberalización del sector que el Ejecutivo debe acometer para dar cumplimiento a una sentencia europea.
En declaraciones a los medios antes de comparecer en el Congreso, el titular de Fomento ha insistido en que el Gobierno está "obligado" a modificar el sector de la estiba por una sentencia comunitaria de diciembre de 2014 que declara el sistema de funcionamiento español contrario al derecho europeo.
"No es por deseo político propio, sino porque la sentencia obliga a hacer esas modificaciones, que se van a realizar en los términos a los que nos obliga la Comisión Europea (CE) flexibilizado, eso sí, al máximo a favor de los trabajadores para garantizar por supuesto el trabajo de todas esas personas, el mantenimiento de sus derechos e incluso para asumir nosotros los pasivos laborales de los trabajadores, lo que supone también un incentivo para que las empresas de estiba puedan seguir contratando", ha insistido.
EN BUSCA DE APOYOS PARLAMENTARIOS
Además, De la Serna ha recordado que el fallo judicial de hace dos años ya ha conllevado una multa de 21 millones de euros para España, cantidad a la que podrían sumarse otros 134.000 euros diarios en caso de que una segunda sentencia, "que está al caer", también condenatoria.
Sin embargo, para poder sacar adelante el real decreto ley de liberalización del sector de la estiba, el Ejecutivo 'popular' necesita del apoyo de otros grupos parlamentarios, ya que el texto debe ser convalidado en el Congreso para que pueda entrar en vigor.
En este sentido, el ministro se ha limitado a señalar que su equipo todavía está en "periodo de contacto" con todas las formaciones, y no ha aclarado si ya han cosechado algún apoyo a esta modificación normativa o cuándo podrá presentar el texto al Consejo de Ministros.
CONTRATAR LIBREMENTE
El sector de la estiba, que gestiona la carga y descarga de la mercancía que entra y sale de España por mar, está actualmente controlado por sus 6.156 trabajadores, que se organizan a través de las sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep) y que están representados además por un único sindicato.
Así, las empresas de estiba que quieren operar en los puertos públicos españoles deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar a sus estibadores.
El fallo del Tribunal de Justicia de la UE exige, sin embargo, que "las empresas puedan contratar libremente a sus trabajadores" y que en este sector "pueda entrar a trabajar un desempleado con las mismas oportunidades laborales que otra persona que ya esté dentro", según ha explicado De la Serna.
Así, la reforma que planifica Fomento pretende que, tras un periodo transitorio de tres años, las Sagep desaparezcan o se conviertan en centros portuarios de empleo a modo de empresas de trabajo temporal, y que se pueda contratar libremente a los estibadores.
Fomento, a través de Puertos del Estado, reconocerá su capacitación profesional y garantizará la antigüedad y las condiciones y derechos laborales del colectivo de estibadores, mientras que el gestor portuario abonará la correspondiente indemnización si un estibador es despedido.
El Ministerio, no obstante, reconoce que no ha podido asumir varias de las peticiones de los trabajadores por las "líneas rojas" planteadas por la UE que, según asegura, debe dar el visto bueno final a la reforma.
Fomento considera además que con esta modificación legislativa mejorará la competitividad de este sector al reducirse costes en las labores de estiba. Sin embargo, esta reforma puede derivar en un conflicto laboral con el sindicato del ramo, lo que podría llegar incluso a paralizar la actividad portuaria, con el consiguiente perjuicio para la economía.
