MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. y UGT han valorado este viernes que el Gobierno en funciones finalmente haya prorrogado el Programa de Activación por el Empleo (PAE), cuya vigencia finalizaba hoy, si bien han pedido medidas para ampliar el número de beneficiarios de la ayuda de 426 euros para parados de larga duración sin ingresos y con cargas familias que incluye el plan.
En un comunicado, ambas organizaciones celebran la prórroga del programa, tal y como venían reclamando, pero insisten en exigir medidas que permitan la ampliación del número de beneficiarios, ya que de las 160.000 solicitudes presentadas, solo ha habido 96.000 perceptores de la prestación y un 16% de inserción.
El programa se prorroga durante 1 año, hasta el 15 de abril de 2017, para demandantes de empleo inscritos hasta el 1 de abril de 2016, lo que permite la incorporación de más demandantes.
Sin embargo, los sindicatos critican que no se haya modificado ningún requisito de acceso al programa, lo que a su juicio supone "una restricción que puede afectar negativamente el resultado de esta prórroga y hace aún más importante que la ejecución del programa sea más proactiva y eficaz que hasta ahora".
Además, lamentan que no se haya aprobado una medida para atender la necesidad de que tanto el SEPE como las comunidades autónomas contacten con los posibles beneficiarios para informar sobre el programa y la forma de acceso al mismo.
Por ello, emplazan al Gobierno a abordar, de manera inmediata, la modificación de los criterios de acceso al programa, de forma que se amplíe la cobertura de atención a las personas en situación de desempleo de larga duración y se concrete una ejecución de este programa "más eficaz y amplia que la obtenida hasta ahora".
A mediados de marzo, los sindicatos se dirigieron a la ministra de Empleo y Seguridad Social para conocer la evaluación y resultados del programa que acaba su vigencia y solicitar su prórroga ante el mantenimiento de la situación de "extraordinaria y urgente necesidad", ante los más de cuatro millones de desempleados inscritos en las oficinas de empleo de los cuales más del 43% son parados de larga duración y con una tasa de cobertura del 55% que se reduce "mes tras mes".
El pasado 4 de abril, los interlocutores sociales mantuvieron una reunión con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, en la que les presentó una evaluación "somera" del desarrollo del programa, con datos sobre solicitudes, beneficiarios, denegaciones y colocaciones (160.000 solicitudes, 96.000 beneficiarios de la prestación y un 16% de inserción) y en la que los sindicatos manifestaron la necesidad de prorrogar el programa "teniendo presente que los datos exigen una revisión de la norma y de la gestión que corrija los errores que han llevado a una baja ejecución",
POSIBLE REVISIÓN DE LOS REQUISITOS.
En la última reunión, convocada a petición de CC.OO. y UGT y celebrada en la tarde de ayer, se presentaron las principales conclusiones extraídas de las aportaciones de las comunidades autónomas, responsables de tutorizar a los beneficiarios del programa, trazar los itinerarios de inserción y hacer su seguimiento.
"La valoración del PAE por parte de las comunidades autónomas es positiva, salvo alguna excepción", detallán los sindicatos, que explican que la mayoría fueron partidarias de dar continuidad al PAE, flexibilizando los requisitos de acceso, muchos en línea con las propuestas de CC.OO. y UGT.
Por su parte, los representantes del Gobierno, presentes en la reunión, también manifestaron una valoración positiva por parte del Ministerio de Empleo, indicando que hay requisitos esenciales, que no se pueden modificar, como las cargas familiares, el paro de larga duración o los requisitos de renta, y otros que "podrían ser revisados", como la exigencia de que hayan transcurrido seis meses desde que se percibió la última prestación o el tipo de prestación agotada que se exige.
Por otro lado, los sindicatos añaden que tras las valoraciones de las comunidades autónomas "se ha visto que la ayuda del PAE colisiona en algunos casos con la regulación de las rentas de inserción de las mismas, por lo que hay que resolver también esta cuestión".
