MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
UGT ha denunciado este lunes que dos millones de personas en desempleo en España no perciben ningún tipo de prestación, lo que supone un 10% más que hace un año y a su juicio evidencia que el Gobierno sitúa a los trabajadores en "la más extrema pobreza", según señaló en un comunicado.
Según los datos del gabinete técnico del sindicato, el número de beneficiarios, con datos a marzo, se redujo de los 2,45 millones de 2014 a 2,37 millones en 2015, mientras que el descenso se ha agudizado en el último año, al caer un 9,5% respecto a marzo del año pasado, hasta un total de 2.147.533 beneficiarios.
El sindicato explica que estos datos se reflejan por una tasa de cobertura que "no llega al 55% y cae mes a mes, sin que el Gobierno decida ponerle freno". con datos de la EPA, más de 2,6 millones de parados no reciben prestaciones por desempleo.
"El empeoramiento de la calidad del empleo causado por las reformas laborales, visible en la elevada presencia de la temporalidad en la contratación, el avance de la parcialidad involuntaria y la devaluación salarial, están provocando una reducción de la cuantía de las prestaciones por desempleo y un acortamiento en los periodos de percepción", denuncia UGT.
En concreto, según UGT el gasto en prestaciones se ha ido reduciendo en los últimos años, pasando de los 2.289 millones de 2014, a 1.881 millones en 2015 y a 1.692 millones, un 10% menos, con datos a marzo de cada año.
En cuanto a la cuantía media por beneficiario, la disminución a marzo de este año ha sido del 0,4%, al situarse en 808,4 euros al mes, frente a los 811,8 euros del mismo periodo del año pasado, cuando ya se redujo respecto a los 852,2 euros de 2014.
"SUCESIVOS" CAMBIOS REGLAMENTARIOS.
Además, UGT advierte de que los "sucesivos" cambios reglamentarios del Gobierno hace que se "endurezcan" las condiciones de acceso a estas prestaciones, produciendo que "muchos desempleados estén a las puertas de la pobreza".
Además de las reformas laborales, el sindicato se refiere a la norma que redujo la cuantía de la prestación por desempleo, suprimió la reducción que se aplicaba en la cotización a cargo del trabajador desempleado, endureció el requisito de carencia de rentas y eliminó el subsidio de empleo para mayores de 52 años, que pasó a ser para mayores de 55 años.
Asimismo, lamenta que en agosto de 2012 la prórroga del Plan Prepara sufriese un "endurecimiento" de los criterios, que "ha llevado a reducir el alcance de este programa". A esto se suma, añade UGT, que a partir del 2015 se eliminó la reposición de prestaciones por desempleo a la que tenían derecho los trabajadores a los que se hubiese suspendido su contrato de trabajo o reducido su jornada como consecuencia de un procedimiento de despido colectivo o un procedimiento de regulación temporal de empleo.
"La calidad de la protección muestra un empeoramiento, con un avance del peso de las prestaciones no contributivas -que ya suponen más del 60% del total- frente a las contributivas, y que muestran una evolución ascendente", agrega.
A su juicio, estos indicadores evidencian el "grave problema" de paro de larga duración que se está "agudizando" en el mercado de trabajo español, y que "lejos de ser una preocupación para el Gobierno, se presenta como un éxito presupuestario: el gasto en prestaciones ha caído un 10% en tan solo un año, hecho que ha provocado que el Servicio Público de Empleo cierre el pasado ejercicio con un superávit superior a 5,5 millones".
Por ello, UGT demanda al Gobierno que "cumpla con los programa que él mismo ha presentado, facilite el acceso y la protección a los desempleados y convoque a los interlocutores sociales para evaluar y dar seguimiento a dichos programas, con el fin de aumentar su alcance y cobertura".
PRÓRROGA DEL PAE EN VILO.
En esta línea, llama la atención al Ejecutivo en funciones y le recuerda que el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que incluye ayudas de 426 euros al mes a los parados de larga duración, concluye este viernes, sin que hasta la fecha los sindicatos hayan sido convocados de nuevo los interlocutores sociales para dar continuidad y ampliar los criterios de acceso al mismo.
UGT indica que el remanente destinado a la ayuda de 426 euros se situó cerca de los 700 millones, a lo que se suman más de 128 millones presupuestados para que las comunidades autónomas desarrollasen las medidas de políticas activas de empleo que acompañan a la ayuda. Sin embargo "a día de hoy, desconocemos con detalle los resultados obtenidos y el uso que se ha hecho de estos fondos", apuntan desde el sindicato.
