Quieren extenderla a trabajadoras del hogar, elevar la cuantía y que los jóvenes puedan cobrar el paro con 180 días cotizados y no 360
MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que pretenden elevar la cuantía de la protección por desempleo y ampliar su cobertura para que, por ejemplo, las trabajadoras del hogar puedan acceder a la misma y facilitar el acceso de los jóvenes a esta prestación, exigiéndoles la mitad de días cotizados para ello.
La iniciativa contempla cambios en la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores con los que revertir los recortes realizados durante la crisis, pero también en diferentes leyes laborales de los gobiernos de Felipe González (1992) y José María Aznar (2002).
Todo ello para atender una desprotección que alcanza al 40% de la población en desempleo, denuncian, que afecta fundamentalmente a mujeres y jóvenes, con unos niveles de desempleo por encima de la media, según ha señalado la portavoz de la coalición de izquierdas, Irene Montero, durante la presentación de la iniciativa, en la que ha estado acompañada por las responsables laborales de En Comú Podem, Aina Vidal, y En Marea, Yolanda Díaz.
"UN RECORTE SANGRANTE, CUANDO MÁS SE NECESITABA"
Vidal ha criticado la insensibilidad del Gobierno por bajar la cuantía de las prestaciones y dificultar su acceso, precisamente en los momentos en los que el desempleo alcanzaba sus cotas más altas, y ha denunciado la situación de "altísima vulnerabilidad" de esta situación. "Es sangrante que se recortara cuando más se necesitaba", ha aseverado.
Por su parte, Díaz ha señalado que la precarización del mercado de trabajo debilita la protección social a la que pueden acceder y que ante una negociación más débil "el trabajador acepta las condiciones que sea". "Se rinde por hambre, no tiene alternativa que aceptar las condiciones que nos ponen", ha subrayado.
Ambas han incidido en que esta iniciativa no tendría afectación en el ejercicio presupuestario en el que entrara en vigor, sino que se pasaría al siguiente para poder sortear un más que previsible veto del Gobierno (implica un aumento del gasto), y que es complementaria con otras que esperan poder poner en marcha, como la renta mínima garantizada, encallada durante su tramitación parlamentaria.
UN ÚNICO TRAMO Y CÓMPUTO DESDE EL PRIMER DÍA
En la iniciativa, Unidos Podemos rebaja el período de cotización para los menores de 30 años de 360 días a 180, y computa todo día trabajado por las personas trabajadoras a tiempo parcial, modificando la interpretación sancionada por la Justicia Europea en la que se condicionaba ese cálculo al reparto del trabajo.
Asimismo, también elimina la escala de duración por tramos en función del tiempo trabajado, aplicándose una proporcionalidad directa: un tercio de la ocupación cotizada --en los menores de 30 años, la mitad--, con máximos de 720 días.
Para su cálculo, además de volver a incluir en la base reguladora las horas extraordinarias, un porcentaje del 70% sobre esta base desde el primer día (actualmente es a partir del día 181 y al 50%), elevando 20 puntos porcentuales los porcentajes aplicables al IPREM tanto en los topes mínimos como máximos.
RECUPERA EL SUBSIDIO A LOS 52 AÑOS
Respecto al subsidio, la coalición de izquierdas busca suprimir el plazo de espera de un mes para percibir la ayuda, elevar la cuantía hasta el 127% o 100% del IPREM en función de que se tenga hijo o no y recuperar el subsidio de prejubilación a los 52 años, reconociendo su acceso a los fijos discontinuos, y a los trabajadores eventuales agrarios por cuenta ajena.
Además, en caso de que los subsidios tengan en cuenta las cargas familiares, se considerará carencia de rentas si el promedio de la unidad familiar no alcanza el 75% del salario mínimo, y no un único familiar y se suprime la compatibilidad de la percepción de la prestación con el trabajo como autónomo.
Por último, la ley también plantea la adopción de un programa especial para jóvenes desempleados sin cualificación profesional, introduciendo criterios para valorar su eficacia, priorizar la formación a la orientación, fijando itinerarios de inserción. Todo ello financiado tras eliminar los incentivos al empleo, que según la coalición suponen un 0,20% del PIB.
